La investigación por la muerte de un funcionario de la Rama Judicial en Barranquilla dio un giro tras cinco meses de pesquisas. La Fiscalía señaló como presunta autora material a su esposa, una funcionaria del CTI, y presentó elementos forenses que, según el ente acusador, descartarían la hipótesis inicial de un suicidio.
Se trata de Chirley Mildred Hernández Rojas, capturada el pasado 25 de agosto por detectives de la Policía Metropolitana de Barranquilla y señalada de estar involucrada en la muerte de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, ocurrida el 21 de marzo en un apartamento del barrio Boston.
Durante las audiencias preliminares, el fiscal 23 de Vida Seccional Barranquilla, Adolfo Niebles Torres, imputó a Hernández Rojas los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. La mujer no aceptó los cargos y se declaró inocente.
Según la Fiscalía, el caso inicialmente fue manejado como un posible suicidio debido a que Avendaño fue encontrado sin vida junto a una pistola Bernardelli calibre 9 milímetros. Sin embargo, los análisis de Medicina Legal, los estudios de trayectoria de los proyectiles, las pruebas de residuos de disparo y las cámaras de seguridad llevaron a los investigadores a plantear una hipótesis diferente.
Uno de los principales elementos expuestos durante la diligencia fue la ubicación y características de las heridas. La víctima presentó lesiones en la cabeza, el tórax y el brazo izquierdo, producidas, según los análisis, desde diferentes distancias. Para la Fiscalía, estos hallazgos no serían compatibles con un patrón suicida típico, especialmente por la ausencia de residuos de pólvora alrededor de la herida mortal en la cabeza.
A esto se sumó otro resultado considerado clave por los investigadores: en muestras tomadas de las manos y prendas de Hernández Rojas fueron encontradas partículas metálicas asociadas con residuos de disparo. Para el ente acusador, este elemento permitiría establecer una posible relación de la funcionaria con la manipulación del arma utilizada en el crimen.
La Fiscalía también reconstruyó la noche de los hechos mediante registros de cámaras de seguridad. Avendaño ingresó al conjunto aproximadamente a las 9:10 de la noche, después de comprar cerveza. Más tarde, las cámaras registraron movimientos dentro del apartamento y posteriormente el ingreso de las autoridades. Para los investigadores, el material recopilado no evidenciaría el ingreso de una persona extraña a la vivienda.
Durante la audiencia también se conoció que la víctima tenía una concentración de 205 miligramos de alcohol etílico por cada 100 miligramos de sangre, según el análisis toxicológico citado por la Fiscalía. El ente acusador sostuvo que su estado de embriaguez habría reducido su capacidad de reacción y que esta circunstancia, presuntamente, habría sido aprovechada por la procesada.
La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, petición respaldada por el Ministerio Público y el abogado de víctimas. Sin embargo, la defensa pidió tiempo para estudiar el material probatorio presentado, solicitud que fue aceptada por el juez. La audiencia fue reprogramada para el 10 de septiembre, diligencia en la que podría avanzar la discusión sobre la medida de aseguramiento y conocerse nuevos elementos sobre el posible móvil del crimen.
Hernández Rojas continúa siendo considerada presunta responsable mientras avanza el proceso judicial y deberá prevalecer su presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.
