La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta Corral, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro Urrego mientras avanza una investigación por presunta participación indebida en política.
La determinación quedó consignada en el Auto de Sustanciación No. 002 del 10 de junio de 2026, dentro del expediente 7525, abierto de oficio contra el mandatario por una supuesta intervención en asuntos electorales a través de declaraciones y publicaciones realizadas durante el actual proceso presidencial.
De acuerdo con el documento firmado por la representante investigadora, la medida cautelar ordena la suspensión temporal del ejercicio del cargo hasta las 4:00 de la tarde del próximo 21 de junio, fecha en la que culminará la segunda vuelta presidencial. Según la providencia, la permanencia del jefe de Estado en el cargo podría facilitar la continuación o reiteración de la conducta que actualmente es objeto de investigación.
La decisión se fundamenta en una presunta falta gravísima relacionada con intervención en política, contemplada en el Código General Disciplinario. En el auto, Arizabaleta sostiene que existen elementos suficientes para adoptar una medida cautelar con el propósito de garantizar la neutralidad de los servidores públicos durante la recta final del proceso electoral.
El documento ya fue remitido al Ministerio Público y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para su conocimiento y eventual trámite.
Sin embargo, la medida ha generado controversia entre expertos y sectores políticos debido a las dudas sobre su alcance constitucional. Diversas voces han advertido que la Constitución establece procedimientos específicos para la suspensión de un presidente de la República, lo que podría derivar en una discusión jurídica sobre la validez y aplicación de la decisión adoptada por la representante investigadora.
La investigación contra el mandatario surge en medio de varios procesos abiertos por presunta participación en política, relacionados con publicaciones y pronunciamientos realizados durante la campaña presidencial de 2026. La Comisión de Acusación venía adelantando actuaciones preliminares para determinar si dichos mensajes podrían constituir una intervención indebida en el debate electoral.
Se espera que en las próximas horas los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación analicen el alcance de la medida y definan los pasos a seguir dentro del proceso, mientras el país permanece atento a las implicaciones institucionales de una decisión que no tiene antecedentes recientes en la historia política colombiana.
