El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ordenó una investigación para esclarecer la presunta explotación ilegal de una mina de oro dentro de una instalación militar en el departamento de Antioquia, en un caso que será revisado con el fin de determinar posibles responsabilidades y eventuales fallas en los controles institucionales.
La decisión se tomó tras la publicación de un reportaje del diario The New York Times, basado en el trabajo del fotoperiodista Federico Ríos, en el que se documenta la expansión de la mina ilegal conocida como “La Mandinga”, presuntamente operada por el Clan del Golfo, hacia zonas cercanas al Batallón de Infantería Aerotransportado Rifles N.° 31, en el municipio de Caucasia.
De acuerdo con la investigación periodística, imágenes aéreas evidencian que la actividad minera se extendería hasta aproximadamente 137 metros de las instalaciones militares, donde también se reporta la presencia de maquinaria y la intervención de mineros en el área.
Ante estas denuncias, el jefe de la cartera de Defensa reiteró la política de “cero tolerancia” frente a la minería ilegal y los delitos ambientales. A través de su cuenta en X, señaló que cualquier vínculo, omisión o conducta irregular será investigada y, de ser necesario, sancionada con todo el peso de la ley.
El Ministerio de Defensa enfatizó que no se permitirá ningún tipo de relación entre integrantes de la Fuerza Pública y economías criminales, ni omisiones en el cumplimiento del deber constitucional de combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros.
Por su parte, la Séptima División del Ejército Nacional informó que el predio señalado, conocido como finca La Mandinga, hace parte de terrenos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y colinda con el cantón militar del Batallón Rifles. La institución agregó que desde 2022 se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría por minería ilegal en la zona, además de múltiples intervenciones operativas.
El Ejército indicó que alrededor de 2.500 mineros informales habrían ocupado el área de manera ilegal, generando un fuerte impacto ambiental en la región. Según el reportaje, la operación estaría relacionada con el Clan del Golfo, considerado la principal estructura criminal del país.
El comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente la existencia de extracción de oro dentro del perímetro militar; sin embargo, tras conocer las evidencias presentadas, expresó sorpresa y anunció la adopción de medidas internas para verificar lo ocurrido.
Mientras avanza la investigación, el Ministerio de Defensa reiteró que todas las denuncias serán verificadas y que se adoptarán las acciones necesarias para esclarecer los hechos y fortalecer los controles frente a la minería ilegal en zonas estratégicas del país.
