El régimen talibán consolidó nuevas restricciones contra los derechos de las mujeres en Afganistán tras la entrada en vigor de un controvertido Código Penal que formaliza prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales y defensores de derechos humanos. La nueva normativa reemplaza disposiciones legales anteriores y establece un sistema judicial que expertos califican como una estructura de subordinación absoluta de la población femenina.
Uno de los aspectos más polémicos del nuevo código es la autorización del uso de la fuerza física contra las mujeres bajo criterios de “obediencia”. Según el articulado, los esposos pueden golpear a sus parejas siempre que no generen lesiones visibles como fracturas, heridas abiertas o moretones notorios. En caso de comprobarse agresiones con “fuerza excesiva”, el castigo contemplado sería de hasta 15 días de prisión, siempre y cuando la víctima logre demostrar los hechos ante un tribunal.
La reforma elimina, además, la tipificación de la violencia intrafamiliar como delito perseguible por el Estado cuando el agresor alegue una justificación moral o religiosa, lo que deja a millones de mujeres sin mecanismos legales de protección ni posibilidades efectivas de denuncia.
El nuevo marco legal también regula la movilidad y autonomía de las mujeres casadas. La normativa establece penas de hasta tres meses de prisión para aquellas que permanezcan en la vivienda de su familia sin autorización del esposo o sin una justificación avalada por la interpretación religiosa aplicada por el régimen. Incluso, los familiares que se nieguen a devolver a la mujer al hogar conyugal podrían enfrentar sanciones similares.
Asimismo, el código contempla castigos severos por abandonar la religión islámica, incluyendo cadena perpetua y castigos corporales, y fija sanciones penales para cualquier conducta considerada contraria a los principios religiosos o morales definidos por las autoridades talibanes.
Sistema judicial basado en estatus social
Otro de los cambios estructurales es la instauración de un sistema de justicia que clasifica a la sociedad en cuatro categorías sociales, donde las sanciones varían según el estatus del acusado. Bajo este esquema, las penas más severas, como prisión o castigos físicos, recaen principalmente sobre sectores de menores recursos, mientras que miembros de la élite gobernante o líderes religiosos pueden recibir sanciones menores, como advertencias.
La reforma también transformó la estructura judicial al eliminar la participación de mujeres como abogadas, juezas o fiscales. Actualmente, los tribunales están integrados exclusivamente por clérigos, quienes aplican interpretaciones estrictas de la ley religiosa.
Poder ampliado para la vigilancia social
El código otorga amplias facultades a la denominada “Policía de la Moral”, autorizándola a imponer sanciones inmediatas en la vía pública por infracciones relacionadas con la apariencia, el comportamiento o la movilidad femenina. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta disposición incrementa los riesgos de abusos de poder y limita aún más las libertades individuales.
Preocupación internacional por retroceso en derechos
El nuevo marco jurídico sustituye las leyes de protección implementadas durante las últimas dos décadas y consolida las restricciones impuestas desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. Expertos señalan que el lenguaje ambiguo del código permite interpretar actos cotidianos de autonomía femenina como infracciones graves, lo que podría derivar en castigos públicos, reclusión domiciliaria o sanciones corporales.
