Los comparendos electrónicos ya están llegando a los conductores de Montenegro, mientras crece la controversia por el contrato que puso en marcha el sistema de fotodetección. Un debate en la Asamblea Departamental terminó dejando más interrogantes que respuestas y un fuerte enfrentamiento entre el alcalde Gustavo Adolfo Pava Busch y el concejal Andrius Zuluaga.
La discusión no es menor: ¿cómo se distribuyen los recursos que generan las fotomultas?, ¿cuánto dinero recibirá realmente el municipio y cuánto terminará en manos del particular que participa en la operación?
La controversia adquiere mayor relevancia al conocerse el documento del contrato interadministrativo suscrito entre el municipio de Montenegro y la Corporación Nacional para el Desarrollo Colombiano (CORPONADECOL).
¿Un negocio de seguridad vial o un negocio de comparendos?
El documento conocido señala que el objeto contractual comprende apoyo tecnológico, operativo, administrativo y jurídico para fortalecer la gestión del tránsito, mediante dispositivos electrónicos, procesamiento de información relacionada con infracciones y apoyo al cobro persuasivo.
Pero hay un dato que merece especial atención: en la copia del contrato aportada aparece un valor estimado para la vigencia 2026 de aproximadamente $2.400 millones de pesos, aunque el valor total se describe como indeterminado y dependiente del recaudo efectivo.
La pregunta de fondo es cómo se justifica que, según los cuestionamientos planteados, el operador particular pueda recibir el 70 % de los recursos y el municipio el 30 %. ¿Cuáles son los costos reales de operación? ¿Qué aporta el contratista? ¿Cuánto termina recibiendo Montenegro por cada comparendo pagado?
Este asunto cobra mayor importancia porque la discusión pública sobre la instalación del sistema ya venía generando controversia. Medios regionales informaron que la caseta fue instalada en la entrada de Montenegro, sobre la vía hacia Armenia, y que su puesta en funcionamiento no habría tenido una socialización suficiente con la comunidad.
El debate que dejó más preguntas
La controversia llegó también a la Asamblea Departamental del Quindío. Según la información suministrada para esta publicación, la discusión estuvo marcada por un fuerte cruce entre el alcalde Gustavo Pava y el concejal Andrius Zuluaga.
En lugar de despejar todas las inquietudes, el debate dejó sobre la mesa interrogantes acerca de la contratación, la distribución del recaudo, la participación del particular y las garantías para los conductores.
Mientras tanto, ciudadanos aseguran que ya están llegando comparendos. La preocupación es que una iniciativa presentada bajo el argumento de salvar vidas termine siendo percibida como un mecanismo de recaudo antes que como una verdadera estrategia de prevención vial.
Un punto adicional que deberá aclarar la administración es si los dispositivos funcionan como fotodetección asistida o automática. En octubre, el alcalde sostuvo públicamente que el sistema requería agentes de tránsito y que las cámaras estaban en pruebas. Otros medios también reportaron que no se había definido todavía la fecha de inicio de las sanciones.
Por eso, si ya están llegando notificaciones, es indispensable establecer cuándo terminó la etapa de pruebas, qué autorización respalda su operación y qué procedimiento se está utilizando para imponer cada comparendo.
La ciudadanía merece respuestas, no solamente notificaciones de cobro. La seguridad vial es una obligación de las autoridades, pero también lo son la transparencia contractual, la publicidad de los acuerdos y la protección del debido proceso de los conductores.
El debate apenas comienza y hay preguntas que no pueden quedarse sin respuesta: ¿quién gana realmente con las fotomultas de Montenegro?, ¿cuánto dinero ingresará a las arcas municipales?, ¿qué justifica entregar el 70 % a un particular? y ¿cuántos comparendos se necesitan para recuperar la inversión?