Seis niños, niñas y adolescentes perdieron la vida durante una operación de las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’. Además, fueron recuperados cuatro cuerpos más que aún no han sido identificados
Según la Defensoría del Pueblo, el hecho -profundamente lamentable- evidencia la gravedad del reclutamiento forzado, considerado una infracción categórica del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reconocido como crimen de guerra. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre las decisiones tácticas adoptadas en la operación y la obligación de proteger a los menores involucrados en hostilidades.
El organismo recordó que el DIH impone límites estrictos sobre el uso de la fuerza, aun en enfrentamientos con estructuras armadas ilegales. Manifestó que ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares, pues, aunque hayan sido forzados a asumir funciones de combate, conservan un estatus de protección reforzada basado en los principios de humanidad, precaución y necesidad militar estrictamente limitada.
“Está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias”, señala la Defensoría, que cuestionó si en este caso podían haberse utilizado otros métodos de operación capaces de obtener la misma ventaja militar sin exponer a los menores a un daño tan alto.
La entidad enfatizó que la responsabilidad originaria de la muerte de los menores recae en las disidencias de las FARC denominadas EMC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, quienes los incorporaron deliberadamente a sus estructuras.
Colombia, a través del bloque de constitucionalidad, ha adoptado normas internacionales como el Estatuto de Roma o el Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, que prohíben categóricamente la participación de menores en el conflicto armado. Su uso como combatientes, además de ilegal, los convierte en víctimas directas de una práctica inhumana y reiterada en el Guaviare.
La Defensoría recordó que estos grupos, en lo que va del año, han cometido múltiples violaciones al DIH, instrumentalizando a la población infantil como escudos humanos y exponiéndolos al riesgo de las acciones bélicas.
El organismo rechazó que esta discusión se limite a un análisis técnico del DIH y sus umbrales. “Todo esto es lamentable: es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables”, expresó.
Asimismo, advirtió que interpretar las normas humanitarias como autorizaciones tácitas para excederse o para justificar daños en presencia de menores desnaturaliza el principio de humanidad, piedra angular del derecho humanitario.
“La esencia del DIH no es justificar la guerra, sino limitar el sufrimiento humano”, reiteró la institución, que aclaró que su función no es certificar la legitimidad de las operaciones militares, sino denunciar vulneraciones y trabajar por la construcción de paz.
La Defensoría llamó a las Fuerzas Militares y a todos los actores armados a respetar estrictamente los principios humanitarios, proteger a la niñez y evitar nuevos hechos que profundicen el dolor en regiones golpeadas por el conflicto.
