El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) entrará en una nueva etapa administrativa a partir de este 1 de noviembre, luego de que el Gobierno nacional anunciara que no prorrogará el contrato de fiducia mercantil que mantiene con Fiduprevisora S. A. desde 1990 y cuyo vencimiento está previsto para este 31 de octubre.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG, con la participación del Ministerio de Educación Nacional, como fideicomitente, y el acompañamiento de los ministerios de Trabajo y Hacienda y Crédito Público. Según lo anunciado, el cambio busca corregir las dificultades que han afectado la administración y operación del Fondo, así como fortalecer la protección de los derechos de los docentes y sus familias.
Uno de los principales interrogantes que genera esta transición tiene que ver con la continuidad de los servicios de salud para los maestros. Frente a esta preocupación, el Gobierno aseguró que se tomarán las medidas necesarias para evitar interrupciones en la atención médica, garantizar los tratamientos que ya están en curso y mantener el acceso a los medicamentos. También se continuará con el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas, de acuerdo con los procedimientos y términos establecidos.
La transición tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse por otro periodo igual. Durante este tiempo se revisarán las condiciones administrativas, financieras y operativas del sistema, con el propósito de corregir las fallas identificadas y mejorar la prestación de los servicios a los afiliados.
La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sostuvo que el Gobierno no pretende prolongar las condiciones que han contribuido a las dificultades del Fondo y aseguró que esta transformación debe traducirse en respuestas concretas para quienes han dedicado su vida a la educación del país.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, manifestó que los docentes no deben asumir las consecuencias de las fallas administrativas y reiteró que la salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado tiene la obligación de proteger.
A su turno, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, insistió que es necesario garantizar que los recursos destinados a la atención en salud del magisterio sean administrados con transparencia, trazabilidad y controles que permitan convertirlos en servicios efectivos para los maestros y sus familias.
Como parte de las medidas para garantizar la operación durante este periodo, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora la presentación de un plan detallado de actividades que permita desarrollar la transición sin afectar a los afiliados. Además, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud realizar un seguimiento especial y fortalecer la vigilancia sobre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para asegurar la continuidad de los servicios.
El Ministerio también aclaró que la decisión de no prorrogar el contrato no significa desconocer los derechos ni las conquistas laborales del magisterio. Por el contrario, señaló que el propósito es fortalecer las condiciones institucionales, operativas y financieras del Fondo para responder de manera adecuada a las necesidades de los docentes.
Así, mientras comienza el proceso de transición, uno de los principales desafíos será demostrar que los cambios administrativos pueden traducirse en una atención oportuna, tratamientos garantizados y pagos de prestaciones sin interrupciones para miles de maestros y sus familias en Colombia.