La Corte Constitucional lanzó una alerta sobre las graves fallas que hoy enfrentan las mujeres gestantes, madres lactantes y sus hijos menores de tres años que viven en centros penitenciarios y carcelarios del país. Según la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario, esta población, considerada de protección reforzada, continúa expuesta a riesgos que vulneran su derecho a la salud, la alimentación adecuada, la atención psicológica y el desarrollo integral de la primera infancia.
El alto tribunal identificó cuatro problemáticas críticas: deficiente prestación de los servicios de salud, fallas en la provisión de raciones alimentarias y dietas especiales, ausencia de atención psicológica y psiquiátrica con enfoque diferencial y falta de medidas de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas dentro de los centros de reclusión.
Ante este panorama, la Sala ordenó la creación de una política pública de atención diferencial integral, que deberá ser estructurada de manera conjunta por varias entidades del Estado, bajo la coordinación del Ministerio de Salud. En la construcción participarán los ministerios de Hacienda y Justicia, el INPEC, la USPEC, los fondos encargados de la salud penitenciaria, el ICBF, Prosperidad Social, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General.
La política deberá incluir enfoque de género, protección prioritaria de la primera infancia, adecuación de espacios, continuidad del tratamiento en salud, nutrición adecuada, atención psicológica especializada y disponibilidad permanente de pediatras para los niños y niñas que residen en centros de reclusión. También contempla capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos, prevención de adicciones, mecanismos de financiación y un sistema riguroso de supervisión.
Además, la Corte ordenó al ICBF realizar visitas trimestrales a los establecimientos donde se encuentren mujeres gestantes o lactantes, con el fin de verificar sus condiciones de reclusión y atención en salud y enviar informes periódicos al Ministerio de Salud.
La Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura deberán, por su parte, adelantar jornadas semestrales de capacitación sobre la Ley 2292 de 2023, que establece medidas sustitutivas de prisión para mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
La Sala también exhortó al Ministerio de Justicia y al INPEC a implementar campañas de sensibilización permanentes dirigidas al personal penitenciario, orientadas a garantizar el trato digno y la protección de los derechos de las madres, gestantes y sus hijos.
Finalmente, la Policía Nacional deberá incorporar de manera sistemática datos desagregados sobre mujeres detenidas, en especial aquellas en embarazo o en período de lactancia, con el fin de fortalecer la vigilancia sobre las condiciones en centros de detención transitoria.
