La posibilidad de que los estudiantes de la sede La Palmera continúen su educación secundaria sin abandonar su vereda depende ahora de la definición jurídica del predio donde funciona la institución. La Gobernación del Quindío confirmó que cuenta con recursos, estudios y diseños para ejecutar las obras necesarias.
La ampliación de la sede educativa La Palmera, ubicada en zona rural de Pijao, avanza en el papel, pero permanece a la espera de un requisito fundamental: la verificación de la titularidad del predio por parte de la Alcaldía municipal. Solo después de este proceso podrá hacerse efectiva la inversión pública destinada a fortalecer la infraestructura de la institución.
El tema fue analizado durante una mesa de trabajo que reunió a la secretaria encargada de Educación del Quindío, Ángela María Marín Valencia; el alcalde de Pijao, John Jairo Restrepo; representantes de la Personería y otros actores involucrados en la búsqueda de una solución para la comunidad educativa.
La necesidad no es nueva. Como ocurre en muchas escuelas rurales, la sede ofrece únicamente educación hasta quinto de primaria, mientras que los estudiantes que continúan su formación deben desplazarse hasta la cabecera municipal. Actualmente, dos menores enfrentan esa situación, pese a vivir a una considerable distancia de la institución principal.
Frente a este panorama, las autoridades concluyeron que la alternativa más adecuada es implementar el modelo de post primaria en La Palmera. Esto permitiría que los estudiantes cursen los primeros grados de secundaria en la misma vereda, evitando desplazamientos complejos y facilitando la permanencia en el sistema educativo.
Para lograrlo será necesario vincular un docente de secundaria, adecuar espacios existentes y construir nueva infraestructura que incluya mejores condiciones locativas y sanitarias. La secretaria encargada de Educación explicó que estas intervenciones ya fueron proyectadas dentro de los estudios técnicos realizados por la administración departamental.
La buena noticia para la comunidad es que los recursos ya están asegurados. Sin embargo, la ejecución depende de que se aclare la situación jurídica del terreno, requisito exigido por la normativa para invertir recursos públicos. Mientras avanza ese proceso, las autoridades mantienen el compromiso de encontrar una solución definitiva que beneficie no solo a los dos estudiantes actuales, sino también a las futuras generaciones que necesitarán continuar sus estudios sin alejarse de su entorno rural.
Fuente: Oficina de Comunicaciones Gobernación del Quindío
