A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de utilizar recursos, plataformas y escenarios asociados al ejercicio de su cargo para emitir mensajes que puedan favorecer o perjudicar a cualquiera de los candidatos que disputan la Presidencia de la República.
La decisión fue adoptada como medida provisional dentro de una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas y tendrá efectos inmediatos mientras el despacho judicial estudia de fondo el caso.
Según el fallo, el mandatario deberá abstenerse de utilizar alocuciones oficiales, actos públicos, escenarios nacionales e internacionales y la cuenta de X @petrogustavo -cuando esta sea empleada en ejercicio de sus funciones- para difundir propaganda electoral o mensajes con contenido político que puedan influir en la contienda.
El juzgado consideró que existen elementos suficientes para analizar si algunas de las recientes intervenciones públicas del jefe de Estado podrían comprometer las garantías de imparcialidad y equilibrio que deben regir durante el proceso electoral.
La medida se produce en medio de la recta final de la campaña presidencial y responde a la preocupación planteada por el accionante respecto a diversas publicaciones y declaraciones realizadas por el mandatario en las últimas semanas. Como soporte de la tutela fueron presentadas capturas de pantalla de publicaciones en la red social X, intervenciones públicas y referencias en medios de comunicación que, según el expediente, evidenciarían pronunciamientos relacionados con la actual campaña electoral.
En la decisión judicial se advierte que el presidente no podrá utilizar recursos del Estado ni escenarios propios de su investidura para favorecer o desfavorecer, de manera directa o indirecta, a los aspirantes a la Casa de Nariño. Además, el despacho hizo un llamado para que se abstenga de divulgar denuncias sobre presuntos fraudes electorales sin contar con pruebas que respalden dichas afirmaciones, al considerar que este tipo de mensajes podría afectar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
El juez señaló que la proximidad de la jornada electoral hizo necesaria una intervención inmediata para evitar posibles afectaciones a la igualdad de condiciones entre los candidatos y proteger la libertad de los electores.
Dentro de los argumentos expuestos en el fallo, el despacho también recordó que el Consejo de Estado ya había emitido una orden previa relacionada con las restricciones de participación en política por parte de servidores públicos, en aplicación de la Ley de Garantías. En particular, mencionó el pronunciamiento del pasado 28 de mayo, mediante el cual se le ordenó al mandatario abstenerse de difundir contenidos de propaganda política.
Asimismo, el juzgado indicó que algunas de las intervenciones recientes del presidente, incluso en escenarios internacionales de alto perfil, contendrían referencias directas e indirectas al proceso electoral, situación que deberá ser analizada durante el trámite de la tutela.
Petro anuncia acciones legales
Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó durante el Consejo de Ministros realizado este martes y anunció que solicitará a su equipo jurídico emprender acciones legales contra la medida.
“Eso es callar a un Presidente de la República elegido por voto popular. Y le ayudan unos jueces; el último ya dice que no puedo hablar de elecciones. No señor, y quiero que mis abogados actúen de inmediato. Solo he hablado de gente que está en campaña porque hacen crímenes, y mi obligación como funcionario público es denunciarlo. Es una obligación constitucional”, manifestó el mandatario.
El jefe de Estado sostuvo que sus pronunciamientos han estado relacionados con denuncias de interés público y no con actividades de proselitismo político.
El proceso continúa
La decisión conocida este miércoles tiene carácter provisional y permanecerá vigente mientras el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín adelanta el análisis de fondo de la tutela.
En esa etapa, el despacho deberá determinar si efectivamente las actuaciones del mandatario vulneraron derechos fundamentales o excedieron los límites constitucionales que regulan la participación política de los servidores públicos durante los procesos electorales.
