El representante a la Cámara por el Quindío, Jesús Armando Bedoya Rodríguez, manifestó su desacuerdo con el proyecto mediante el cual el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) pretende aplicar la Contribución Nacional de Valorización al denominado Paquete de Obras Eje Cafetero. Según el congresista, la propuesta resulta injusta y desproporcionada, además de no ofrecer las garantías técnicas, jurídicas y de transparencia que requieren miles de propietarios de la región.
De acuerdo con el Acuerdo No. 004 del 27 de julio de 2026, la valorización recaería sobre un paquete de obras que incluye el Cruce de la Cordillera Central, la segunda calzada entre Calarcá y Cartago y varios tramos de las Vías del Samán. En el Quindío, la zona de influencia preliminar comprende predios ubicados en Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, Montenegro, Quimbaya y Salento.
Bedoya sostuvo que no es aceptable cobrar una contribución de valorización sobre un conjunto de proyectos que, según afirmó, nunca fueron presentados como una sola obra financiada bajo ese mecanismo. En ese sentido, señaló que antes de cualquier cobro el Estado debe demostrar con claridad el fundamento técnico, jurídico y económico que respalde la decisión.
El representante también indicó que persisten interrogantes sobre la metodología utilizada para determinar el beneficio que recibiría cada predio, la capacidad de pago de los propietarios y la delimitación de la zona de influencia. A su juicio, estos son aspectos esenciales que deben estar plenamente sustentados antes de avanzar con una medida de este alcance.
Asimismo, expresó preocupación porque, según afirmó, la ciudadanía no ha tenido acceso completo y oportuno a todos los estudios y anexos técnicos que soportan la propuesta. Consideró que esta situación limita la transparencia y dificulta el control ciudadano sobre un proceso que podría afectar a cientos de miles de predios en el Eje Cafetero.
Finalmente, Bedoya reiteró que respalda las obras de infraestructura para el desarrollo del Quindío, pero insistió en que cualquier decisión sobre la contribución de valorización debe respetar la ley, garantizar reglas claras y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios. Además, anunció que ejercerá seguimiento y control político al proceso para verificar que se protejan los derechos de los ciudadanos.
