El representante a la Cámara por el Quindío, Jesús Bedoya, pidió esclarecer qué bienes públicos afectados por el terremoto contaban con pólizas de seguros, cuáles no estaban protegidos y quiénes eran los responsables de garantizar estas coberturas. El pronunciamiento lo realizó durante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento a la atención de los damnificados, donde planteó fortalecer la vigilancia sobre estos procesos y obtener respuestas para las comunidades e instituciones que esperan recursos para recuperar sus instalaciones.
De acuerdo con cifras de Fasecolda, con corte al 6 de noviembre, el departamento registraba 12.256 avisos de siniestro, pagos cercanos a los $184.000 millones y reservas superiores a los $523.000 millones. Sin embargo, el gremio asegurador reconoció que no cuenta con información consolidada sobre el total de pólizas vigentes que amparaban los bienes estatales. Uno de los casos expuestos es el del colegio Policarpa Salavarrieta de Quimbaya, cuyas directivas enviaron dos solicitudes a la Alcaldía para conocer el trámite de activación de su póliza, pero aún no habían recibido respuesta.
En cuanto al avance de las indemnizaciones, en Quimbaya se han pagado $17.670 millones correspondientes a 218 reclamaciones, de 450 avisos registrados. En Circasia, los desembolsos alcanzan los $7.057 millones por 133 reclamaciones, frente a 322 avisos de siniestro. Por otra parte, el Hospital La Misericordia de Calarcá recibió un anticipo de $900 millones para avanzar en las reparaciones de su infraestructura afectada.
Bedoya insistió en que es necesario atender los llamados de las comunidades damnificadas, agilizar las reclamaciones pendientes y garantizar claridad sobre los recursos disponibles para la recuperación de los bienes públicos.
El congresista también consideró fundamental establecer responsabilidades frente a las edificaciones que no contaban con seguros, con el propósito de evitar que la falta de información o los trámites administrativos retrasen la recuperación de espacios esenciales para la prestación de servicios a los ciudadanos.



