El Invías caducó este martes el contrato del túnel de La Línea. La megaobra debió terminarse el 30 de noviembre del año pasado, pero el contratista no cumplió.
La decisión puede ser apelada por el contratista y, de quedar en firme, el Gobierno Nacional deberá abrir un nuevo proceso licitatorio para contratar las obras que faltan, proceso que duraría varios meses.
Paralelamente, los constructores que tenían la obra podrían demandar ante el contencioso administrativo (juzgados y tribunales administrativos y Consejo de Estado) las resoluciones de caducidad que remita el Invías.
El Instituto emitió la resolución después de diez audiencias, el testimonio del interventor Enrique Dávila Lozano y dos visitas técnicas en las que se evaluó el avance de las obras.
El director del Invías, Carlos García, afirmó que ya hay un ‘plan de rescate’ para construir las obras que faltan (túneles y puentes) y hacerles mantenimiento a las que ya están construidas, sin embargo no se conoce con exactitud dicho plan.
Con la declaratoria de caducidad y debido a que no se determinó dentro del proceso quién o quiénes incumplieron presuntamente el contrato, las empresas que hacen parte de la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC) podrían quedar inhabilitadas para contratar con el Estado durante cinco años y, como coletazo, serían obligadas a ceder sus participaciones en las sociedades o concesiones de las que hacen parte.
Esto tendría efectos sobre una decena de contratos, como la doble calzada Bogotá-Girardot y la construcción y el mantenimiento de vías urbanas y de campos petroleros en Nariño, Valle, Cundinamarca y los Llanos orientales.
Eltiempo.com
