Indignación, rabia y rechazo absoluto hay en el corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira, luego de que un juez de control de garantías tomara la decisión de otorgar el beneficio de detención domiciliaria a un hombre de 74 años, capturado en flagrancia tras encerrar y abusar sexualmente de una niña de tan solo siete años de edad.
Los detalles del caso, denunciados valientemente por la pequeña víctima a su madre y ratificados por las autoridades, provocan un asco profundo. El sujeto instrumentalizó la vulnerabilidad de la menor, la encerró a la fuerza dentro de una vivienda y procedió a cometer tocamientos y abusos en contra de su integridad física y psicológica.
Gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional, el agresor fue capturado en el sitio de los hechos con los elementos flagrantes del delito. Sin embargo, el esfuerzo de las autoridades y el clamor de justicia de una madre devastada terminaron estrellándose contra un tecnicismo legal en los estrados judiciales.
Mientras la familia de la niña y los habitantes de Puerto Caldas esperaban que el criminal fuera enviado de inmediato tras las rejas de un centro penitenciario, el juez consideró que el sujeto merecía permanecer en la comodidad de un hogar.
De acuerdo con expertos penalistas, el operador judicial tuvo en cuenta como atenuantes la avanzada edad del agresor (74 años), una presunta condición de salud que le impide estar en una cárcel ordinaria y la carencia de antecedentes penales vigentes. Argumentando la “presunción de inocencia”, la balanza de la justicia pareció inclinarse a favor de los derechos del victimario, ignorando el principio constitucional prevalente de que los derechos de los niños están por encima de los de cualquiera.
Ante la aparente irreversibilidad de la medida de detención domiciliaria, los familiares de la pequeña y los líderes comunitarios exigen con vehemencia que la “casa por cárcel” se cumpla de forma estricta en una residencia completamente alejada del corregimiento de Puerto Caldas. La comunidad advierte que no tolerará la presencia del agresor cerca de la víctima y exige a los entes de control que vigilen de cerca este proceso para evitar que la impunidad termine por sepultar este aberrante caso.
