Mientras las cuentas no cierran, los pasivos crecen y la caja no alcanza ni para cubrir las obligaciones del día a día, en el papel todo parece tener una prioridad clara: primero están los honorarios de la gerencia interventora, luego se mira cómo se sostiene el hospital. Esa es la radiografía que dejan los documentos oficiales conocidos por Quindío Noticias sobre la situación financiera de este centro asistencial.
El propio análisis presupuestal y financiero con corte al 30 de junio de 2025 habla de un hospital con su estado financiero “en cuidados intensivos”: resultado negativo por $2.621 millones, capital de trabajo en – $3.162 millones y un indicador de endeudamiento que muestra que por cada peso que tiene la entidad, debe $1,49. En palabras simples: no hay liquidez para operar con tranquilidad y el endeudamiento es relativamente alto.
Se trata de la E.S.E. Hospital La Misericordia, donde el informe técnico concluye que la entidad “no cuenta con la liquidez necesaria para seguir operando sus actividades” y que las obligaciones pendientes superan ampliamente la disponibilidad de recursos. Solo en el primer semestre de 2025, el déficit intermedio asciende a $2.621.392.068, con un pasivo total que ronda los $13.069.915.979, cerca de un 29 % más que el año anterior.
A esto se suma una cartera envejecida que supera los $16.204 millones, de los cuales cerca del 40 % está deteriorado y se reconoce como de difícil cobro, mientras las cuentas por pagar de vigencias anteriores representan alrededor del 18 % de los gastos comprometidos. Es decir: se acumulan deudas, se envejece la cartera y se tensiona aún más la operación diaria del hospital.
En medio de este panorama, la prioridad del sistema parece estar en otro lado. Mediante una resolución reciente, la agente especial interventora Carolina Cardozo Jiménez, designada por la Superintendencia Nacional de Salud, ordena reconocer y pagar por el mes de noviembre de 2025 honorarios por $27.301.464, más IVA del 19 % por $5.187.278,16 y estampillas departamentales, para un total de $33.580.742,16 en tan solo un mes.
Es decir, mientras el hospital no logra respaldo financiero suficiente para sus obligaciones y carga con un endeudamiento creciente, la figura interventora —que se supone llegó para rescatarlo— cuesta más de 33 millones de pesos mensuales a la ya golpeada caja de la institución. Todo esto en una E.S.E. que, según el mismo análisis oficial, no tiene la liquidez necesaria para sostener su operación normal y depende de una facturación y un recaudo que no alcanzan a equilibrar el déficit.
La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable:
¿cómo se justifica que un hospital con las finanzas en UCI deba cargar con honorarios millonarios para su gerente interventora, mientras se habla de déficit, cartera incobrable y pasivos en aumento?
En La Misericordia, los números muestran que la crisis no es solo clínica: también es ética y de prioridades. Y esa factura, al final, no la paga la interventora ni la Superintendencia; la paga la gente que sigue esperando un hospital sólido, oportuno y financieramente viable.
