Jesús Armando Bedoya Rodríguez, conocido como ‘Chucho’ Bedoya, no solo ha construido un camino en el escenario político regional, sino también en el sector empresarial del Quindío, donde es reconocido por ser el creador de “Jesús Martín”, una de las marcas de café que en los últimos años se ha consolidado como referente del departamento y símbolo del emprendimiento local alrededor del producto más representativo de la región.
Precisamente desde esa faceta empresarial es donde hoy enfrenta una nueva controversia, luego de la sanción impuesta por la Alcaldía de Salento a la empresa Café Jesús Martín SAS, de la cual es representante legal, situación que ha generado un intenso debate jurídico y político.
El caso tomó relevancia tras conocerse una supuesta deuda superior a los 757 millones de pesos por concepto del impuesto de Industria y Comercio. Sin embargo, Bedoya ha aclarado que el impuesto realmente en discusión asciende a 13 millones 940 mil pesos, mientras que cerca de 743 millones corresponden a sanciones administrativas, cifra que actualmente está siendo controvertida mediante los mecanismos legales establecidos.
Para sectores cercanos al candidato, la situación refleja un nuevo episodio de ataques contra quien decidió pasar del empresariado a la política regional, escenario en el que -afirman- ha tenido que enfrentar diferentes momentos de presión pública, de los cuales ha salido adelante.
De acuerdo con la Resolución 007 expedida por el municipio, la administración decide que la empresa no presentó declaraciones del impuesto entre 2019 y 2023. No obstante, la defensa sostiene que no existe evasión ni ocultamiento, sino una discusión administrativa que debe resolverse bajo los principios de proporcionalidad establecidos en la ley tributaria.
Bedoya aseguró que ya interpuso el recurso de reconsideración correspondiente, insistiendo en que una sanción de esta magnitud podría afectar seriamente a cualquier empresario local.
El momento en que ocurre el proceso también ha generado interpretaciones en el escenario político regional, especialmente por coincidir con el actual contexto electoral. Mientras la administración municipal sostiene que actuó dentro de sus facultades legales de fiscalización, aliados del dirigente consideran que la medida termina impactando directamente a un empresario que decidió participar en la vida política del departamento.
Por ahora, el proceso continúa en revisión administrativa y será la decisión final la que determine si la millonaria sanción se mantiene o si se ajusta conforme a los argumentos jurídicos presentados por la defensa.
