El Gobierno Nacional anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca prohibir definitivamente el fracking en Colombia, al considerar que esta práctica representa riesgos para el agua, la salud de las comunidades y los ecosistemas del país.
La iniciativa será presentada de manera conjunta por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del nuevo Congreso para el periodo constitucional 2026-2030. Según el Ejecutivo, la propuesta está respaldada por evidencia científica que advierte sobre los impactos ambientales, sociales y sanitarios asociados a la explotación de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico.
El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la entrega de dos proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar.
“He acordado con la ministra de Ambiente que el próximo 20 de julio presentaremos, junto con las y los congresistas del Pacto Histórico, el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas. Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron. Nosotros defendemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos”, afirmó Palma.
Durante el mismo evento, el Ministerio de Minas y Energía entregó 2.494 paneles solares que beneficiarán a más de 4.300 habitantes de Becerril y Curumaní, ampliando el acceso a energía limpia, confiable y asequible en estas comunidades.
Los proyectos, que requirieron una inversión cercana a los 36.000 millones de pesos, producirán alrededor de 1.870 megavatios-hora de energía limpia al año y evitarán la emisión de unas 340 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anualmente. Además, tendrán una vida útil estimada de 25 años, generando beneficios ambientales, sociales y económicos para la región.
El ministro Palma aseguró que estas iniciativas reflejan el propósito del Gobierno de democratizar el acceso a la energía y reducir las brechas históricas en los territorios más apartados del país.
“La transición energética solo tiene sentido cuando transforma la vida de las personas. Estos proyectos demuestran que la democratización de la energía es una realidad que llega a los territorios históricamente excluidos, llevando energía limpia, reduciendo las brechas sociales y fortaleciendo la participación de las comunidades en la construcción de un sistema energético más justo y sostenible para Colombia”, sostuvo.
Las obras hacen parte de la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, considerada una de las principales apuestas del Gobierno para fortalecer el acceso a fuentes renovables en zonas no interconectadas y poblaciones vulnerables.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, actualmente el país cuenta con 848 comunidades energéticas en funcionamiento, que benefician a más de 567.000 personas, atienden a 42.200 usuarios y suman una capacidad instalada de 29,68 megavatios pico (MWp), gracias a inversiones que superan los 382.913 millones de pesos.
Con la radicación de la ley antifracking y la expansión de proyectos de energía solar, el Gobierno busca consolidar su política de transición energética justa, orientada a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer un modelo de desarrollo basado en fuentes renovables y la protección del patrimonio ambiental del país.
