La Gobernación del Quindío informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de peculado por aplicación oficial diferente, señalando como posible responsable al exsecretario departamental de Agricultura, Bryant Steven Naranjo Raigoza, por hechos que podrían comprometer recursos del patrimonio público del departamento.
De acuerdo con el Gobierno Departamental, la actuación jurídica busca poner en conocimiento de las autoridades competentes una situación que, según indicó la administración, podría afectar bienes públicos pertenecientes a los quindianos, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes de manera “célere y adecuada”.
La administración reiteró que esta decisión responde al deber institucional de reportar cualquier eventual irregularidad que pueda impactar el manejo de los recursos públicos, en cumplimiento del principio de gobierno orientado “por y para la gente”.
Llamado a la prudencia durante la investigación
En el comunicado oficial, la Gobernación hizo un llamado a actuar con prudencia y respeto frente al desarrollo del proceso judicial, evitando especulaciones que puedan interferir con las investigaciones.
Asimismo, el Gobierno del Quindío manifestó su disposición de colaborar plenamente con los organismos investigativos y judiciales, señalando que informará a la opinión pública sobre los avances del caso dentro de los límites legales establecidos.
Secretaría Jurídica pide diferenciar responsabilidades
Frente a la situación, el secretario Jurídico y de Contratación del departamento, Juan Carlos Alfaro García, explicó que es necesario diferenciar las actuaciones realizadas por un funcionario público durante el ejercicio de su cargo y aquellas ejecutadas posteriormente como particular.
El funcionario indicó que las acciones realizadas por un exservidor público fuera de su función institucional no comprometen automáticamente la responsabilidad de la administración departamental.
Además, se refirió a las versiones difundidas en algunos espacios mediáticos sobre supuestos hechos de corrupción que involucrarían a otros exfuncionarios, señalando que, hasta el momento, no existe una denuncia formal ni pruebas verificadas que respalden dichas afirmaciones.
“Debe partirse del principio constitucional de presunción de inocencia. Si existen denuncias, estas deben estar plenamente identificadas y sustentadas”, afirmó Alfaro García, quien también hizo un llamado a la verificación rigurosa de la información antes de su difusión, especialmente en el actual contexto electoral.
Traslado a organismos de control
El Gobierno Departamental confirmó que, en cumplimiento de sus funciones legales, transfirió la información tanto a la oficina de control interno como a los organismos de control competentes para que se realicen las auditorías e investigaciones necesarias.
Finalmente, la administración recordó que, a la fecha, no ha recibido notificación oficial de denuncias adicionales por parte de entidades de control relacionadas con otros funcionarios mencionados públicamente, por lo que insistió en evitar conclusiones anticipadas mientras avanzan las indagaciones judiciales.
