La decisión revocó el fallo que imponía medidas adicionales de precaución ante la posible presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales. El respeto a la población civil sigue siendo una obligación.
BOGOTÁ, COLOMBIA. Una decisión del Tribunal Superior de Bogotá reactivó el debate nacional sobre las operaciones aéreas de las Fuerzas Militares contra estructuras armadas ilegales. La Sala de Familia revocó la decisión judicial que establecía medidas adicionales de precaución para este tipo de acciones cuando existiera información sobre la posible presencia de menores de edad reclutados.
¿Qué decidió el Tribunal?
La determinación dejó sin efecto el fallo de tutela emitido el 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá. Con esta decisión, las Fuerzas Militares pueden continuar planeando y ejecutando operaciones aéreas dentro del marco constitucional y legal, sin las restricciones adicionales que había establecido ese juzgado.
El Tribunal fundamentó su decisión en aspectos procesales: consideró que la tutela no identificaba personas, territorios u operaciones concretas que permitieran establecer una amenaza inminente y que las pretensiones generales sobre políticas públicas y protocolos militares debían tramitarse por los mecanismos judiciales correspondientes.
El DIH sigue siendo obligatorio
La decisión no significa que los bombardeos puedan realizarse sin límites. Las operaciones deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, establecidos en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para proteger a la población civil y evitar daños desproporcionados.
La presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados plantea un desafío especialmente sensible para las autoridades, pues su protección debe mantenerse como una prioridad en medio del conflicto armado.
Una decisión que abre el debate nacional
El fallo vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre la capacidad operacional de las Fuerzas Militares, la lucha contra los grupos armados ilegales y la protección de los derechos fundamentales.
La discusión también gira en torno a la prevención del reclutamiento de menores y a las obligaciones del Estado para proteger a la niñez afectada por la violencia.
Fuente: El Espectador, información publicada por Pulzo el 28 de octubre de 2026.