La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 9 de junio al cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, a una audiencia de imputación de cargos dentro de una investigación por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado.
La diligencia judicial también cobija a Santiago Jaramillo Morán, conocido en el medio artístico como “Dímelo Jara” y mánager del cantante; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. En el mismo proceso, el ente acusador solicitará ante un juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario.
La información fue revelada por el abogado de Andrés Felipe Sánchez, quien denunció al artista por hechos que, según su versión, ocurrieron en Medellín el 1 de junio de 2022.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía el 6 de junio de ese año, Sánchez, conocido en el ámbito artístico como “Yo Me Llamo Ozuna” por su participación en el reconocido programa de televisión, fue citado a una reunión en un estudio de grabación ubicado en el barrio El Poblado de Medellín.
El denunciante afirmó que inicialmente consideró que se trataba de un encuentro amistoso, sin embargo, aseguró que el ambiente cambió durante la reunión y que comenzó a ser presionado por promover presentaciones de Jefferson Sánchez, un artista que realizaba imitaciones del cantante urbano.
Según el relato entregado a las autoridades, el encuentro fue convocado por Santiago Jaramillo, quien se desempeñaba como mánager de Blessd. Sánchez manifestó que asistió acompañado de un artista al que representaba y que interpretaba al reguetonero en diferentes escenarios del país.
La denuncia sostiene que durante la reunión fue intimidado y obligado a firmar un documento mediante el cual se comprometía a no explotar comercialmente la imagen o la marca asociada al artista. Asimismo, aseguró que fue cuestionado por la realización de espectáculos remunerados y por una gira internacional que se encontraba en preparación con el imitador.
“Me dicen que tenía que firmar un contrato, que no podía volver a hacer shows imitando a Blessd el original, que debía firmar ese contrato ya o me iban a embalar”, señaló Sánchez en su declaración ante las autoridades.
El denunciante también afirmó que cuando intentó grabar un audio con su teléfono celular, Santiago Jaramillo le exigió entregarlo y presuntamente lo agredió físicamente.
La denuncia involucra además a Daniel Velásquez, otro integrante del equipo cercano al artista. Según Sánchez, durante la reunión este hombre habría sacado un arma de fuego para intimidarlo y posteriormente le habría advertido que podría ser asesinado si no firmaba el documento que le exigían.
Uno de los aspectos más delicados del caso tiene que ver con una supuesta conversación telefónica que, según el denunciante, sostuvo con Blessd durante el encuentro. Sánchez aseguró que el cantante le manifestó que conocía sus movimientos, sabía dónde vivía y le recomendó obedecer las instrucciones de las personas presentes en la oficina.
De acuerdo con la denuncia, al negarse a firmar el contrato, Sánchez permaneció retenido contra su voluntad durante varias horas. También aseguró que le fue impedido comunicarse libremente con terceros y que tuvo que entregar su celular cuando intentó contactar a un amigo integrante de la Policía.
Posteriormente, relató que fue acompañado hasta el parqueadero donde se encontraba su vehículo mientras esperaba la llegada de un cuadrante policial. Según su versión, logró abandonar el lugar y refugiarse en la vivienda de una amiga. Más tarde recuperó su automóvil con acompañamiento de uniformados.
Como consecuencia de los hechos denunciados, Sánchez afirmó que suspendió la promoción artística del imitador de Blessd, canceló compromisos comerciales y devolvió anticipos económicos recibidos por varias presentaciones.
Además, aseguró que tiempo después recibió el contrato que le habían solicitado firmar. Según indicó, el documento contenía cláusulas de confidencialidad y disposiciones que, presuntamente, le impedían iniciar acciones legales, civiles o penales relacionadas con lo ocurrido.
Tras varios años de investigación, la Fiscalía expondrá ante un juez los elementos probatorios recopilados dentro del proceso. En la audiencia de imputación se definirá la situación jurídica de los implicados y se estudiará la solicitud de medida de aseguramiento presentada por el ente investigador.
