Dorian Stella Fernández López deberá cumplir una pena de 5 años y 10 meses de prisión, luego de que la Corte Suprema de Justicia inadmitiera la demanda de casación presentada por su defensa.
Un caso de irregularidades en el manejo de recursos públicos en Calarcá, Quindío, terminó con la captura de Dorian Stella Fernández López, quien fue condenada a 5 años y 10 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación.
La mujer fue ubicada en un inmueble de Armenia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Allí se hizo efectiva la orden de captura para que cumpla la pena impuesta en un centro penitenciario.
La decisión judicial se produjo después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitiera la demanda de casación presentada por la defensa de Fernández López, tras evaluar las actuaciones del proceso y los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación.
El faltante de más de $24 millones
Los hechos se remontan a 2011, cuando Fernández López se desempeñaba como registradora seccional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá.
De acuerdo con la investigación, entre marzo y junio de ese año se registró un faltante de $24.182.130 en los recursos administrados por la entidad. Las indagaciones establecieron que la entonces funcionaria se habría apropiado de diferentes sumas de dinero mediante la modalidad de auto-préstamos, con el compromiso de devolverlas al día siguiente a través de consignaciones.
Sin embargo, los recursos no fueron reembolsados, situación que dio lugar al proceso penal por el manejo irregular de los dineros públicos.
Las sanciones impuestas
En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia condenó a Fernández López a 5 años y 10 meses de prisión. Además, le impuso una multa de $24.182.430 y la inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal.
El tribunal también negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sanción en un establecimiento penitenciario.
Con la captura realizada en Armenia, las autoridades hicieron efectiva la orden judicial para dar cumplimiento a la condena derivada de los hechos ocurridos hace más de una década en la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá.