El Gobierno de Estados Unidos revocó este lunes 28 de septiembre las visas de la senadora colombiana Martha Isabel Peralta Epieyú y del empresario Euclides Antonio Torres Romero. La decisión hace parte de una política de Washington dirigida a imponer restricciones migratorias a ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con la administración estadounidense, estén vinculados con acciones de corrupción o narcotráfico que socaven gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio.
En el comunicado, el Departamento de Estado identificó a Torres Romero como empresario privado y propietario de un conglomerado con actividades principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.
En el caso de Peralta Epieyú, la entidad estadounidense la identificó como senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La medida establece la revocatoria de las visas que ya habían sido expedidas y también alcanza a sus familiares, de acuerdo con el anuncio oficial.
Washington señaló que las restricciones hacen parte de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas, mecanismo que la administración de Donald Trump vincula con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la defensa de la gobernanza democrática en el hemisferio. La medida también fue aplicada a ciudadanos de otros países de la región, entre ellos Bolivia, Ecuador y Perú.
El nombre de Martha Peralta aparece además en una investigación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según reportes sobre el proceso, la senadora es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Estas son investigaciones en curso y no equivalen a una condena judicial.
Por su parte, Euclides Torres ha sido mencionado en investigaciones y declaraciones relacionadas con la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Su nombre también apareció en actuaciones judiciales relacionadas con el exsenador Armando Benedetti y otros excongresistas por asuntos que, según la investigación citada por medios, involucrarían posibles beneficios para empresas vinculadas al empresario.
La decisión de Estados Unidos se fundamenta jurídicamente en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), disposición que permite restringir el ingreso de personas cuando las autoridades estadounidenses consideran que su entrada o actividades podrían tener consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de ese país.
