La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un paquete de reformas penales que permitirá imponer la prisión perpetua a menores de edad que sean hallados culpables de delitos graves como homicidio, violación o terrorismo. La medida, respaldada por el oficialismo, se enmarca en la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.
La reforma fue avalada con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones en el Congreso unicameral, dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas y sus aliados. Con esta decisión, se incorpora por primera vez la cadena perpetua dentro del régimen penal juvenil, como parte de un endurecimiento de la legislación contra el crimen.
El nuevo marco legal establece que menores de 18 años podrán recibir esta pena en casos excepcionales, eliminando el procedimiento especial juvenil que antes regía para delitos graves. No obstante, contempla revisiones periódicas de la condena para evaluar el nivel de rehabilitación del condenado y el riesgo de su eventual liberación bajo un régimen de “libertad controlada”.
Según el decreto, en el caso de menores la revisión de la pena podría realizarse después de 25 años de prisión, mientras que para adultos se evaluará entre los 30 y 40 años.
La aprobación de estas reformas se produce días después de que el Legislativo ratificara un cambio constitucional que habilita la prisión perpetua para delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales. La medida entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Durante el debate, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, defendió la iniciativa asegurando que busca garantizar la seguridad ciudadana. “Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, afirmó.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas de organizaciones internacionales. Human Rights Watch cuestionó la medida al considerar que contradice estándares internacionales en materia de justicia juvenil y derechos de la niñez.
La reforma forma parte de la estrategia de “guerra” contra las pandillas que lidera el Gobierno de Bukele desde hace cuatro años, y que ha implicado un amplio endurecimiento del sistema penal salvadoreño.
