La joven había huido tras el asesinato de su padre y su defensa denunció riesgos para su salud y la de su bebé durante el proceso de expulsión.
Una fuerte polémica se generó tras conocerse que Estados Unidos deportó a una mujer colombiana de 21 años cuando cursaba ocho meses de embarazo, pese a que había solicitado asilo por motivos de seguridad y protección humanitaria.
La mujer, identificada como Zharik Daniela Buitrago Ortiz, llegó a territorio estadounidense en noviembre de 2025 junto a su madre y hermanos, luego del asesinato de su padre en Colombia. La familia buscaba refugio ante el temor de regresar al país. Aunque su madre logró superar una primera entrevista de “miedo creíble”, el caso de Daniela fue tratado de manera diferente y quedó bajo custodia migratoria.
Según su defensa, durante la detención la joven no recibió atención médica adecuada, pese al avanzado estado de gestación. Por ello, sus abogados interpusieron un recurso de habeas corpus, argumentando que la deportación en un vuelo comercial representaba un riesgo grave para la vida de la madre y del bebé.
Una jueza federal en Georgia emitió una orden para frenar temporalmente la expulsión, pero esta llegó tarde: cuando el fallo fue notificado, Daniela ya había sido trasladada desde Louisiana hasta Atlanta y posteriormente enviada en un vuelo rumbo a Colombia, lo que hizo imposible detener el procedimiento.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que la mujer fue evaluada médicamente antes del viaje y que no presentaba condiciones que impidieran volar. Además, señaló que una solicitud de asilo no garantiza permanencia automática en el país y mencionó presuntos antecedentes migratorios irregulares, los cuales han sido rechazados por la defensa por falta de pruebas.
Tras su llegada a Colombia, la joven logró comunicarse con su familia, mientras organizaciones y defensores de derechos humanos cuestionan el caso y advierten sobre el trato a mujeres embarazadas bajo custodia migratoria.
El hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate entre el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la necesidad de garantizar enfoques humanitarios para personas en condición de alta vulnerabilidad, especialmente cuando están en juego la salud materna y la protección internacional.
