El Congreso del estado de Durango, en México, aprobó por unanimidad la llamada “Ley Nicole”, una nueva normativa que prohíbe y penaliza las cirugías estéticas en menores de 18 años. La medida surge como respuesta por la muerte de Paloma Nicole Escobedo, una adolescente de 14 años que falleció en septiembre tras someterse a una cirugía de implantes mamarios autorizada por su madre y practicada por su padrastro.
La reforma, presentada por la diputada morenista Sandra Amaya Rosales, obtuvo 23 votos a favor e introduce sanciones penales tanto para los profesionales de la salud que realicen este tipo de procedimientos como para los padres o tutores que los permitan.
“Aprobamos la Ley Nicole, una reforma que protege la vida e integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes (…). Cerramos vacíos legales que permitían prácticas peligrosas, sancionamos la usurpación de profesiones médicas y establecemos la obligación de denunciar cualquier procedimiento indebido”, celebró la diputada Amaya en sus redes sociales.
Hasta ocho años de prisión para médicos y seis años para padres o tutores
La ley contempla penas de seis a ocho años de cárcel para médicos, cirujanos o personal de salud que realicen procedimientos estéticos en menores de edad. Los hospitales o clínicas donde se practiquen estas intervenciones podrían incluso ser clausurados.
Los padres o tutores también enfrentarán responsabilidad penal: podrán ser acusados de omisión de cuidados y recibir condenas de cuatro a seis años de prisión, en caso de autorizar, inducir o no impedir estas prácticas.
La norma sí permite cirugías de carácter reconstructivo o funcional, como aquellas derivadas de accidentes, quemaduras o enfermedades.
El caso que impulsó la reforma: la muerte de Paloma Nicole
La aprobación de esta ley ocurre dos meses después del caso que estremeció al país: la muerte de la joven Paloma Nicole, quien fue sometida a una cirugía estética como supuesto regalo de cumpleaños. La intervención, realizada sin autorización del padre de la menor, terminó en complicaciones de salud que llevaron a su fallecimiento.
La madre de la adolescente, Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, y el padrastro, Víctor Manuel Rosales Galindo, intentaron inicialmente atribuir la muerte a una enfermedad y huir, pero ambos fueron detenidos. El padre, Carlos Arellano, se enteró de lo sucedido durante el funeral y presentó la denuncia ante la Fiscalía General.
El caso abrió un debate nacional sobre las responsabilidades médicas y familiares, impulsando la iniciativa legislativa que hoy lleva el nombre de la joven.
Aunque Durango es el primer estado en modificar su código penal para prohibir estas prácticas, la propuesta ya comenzó a discutirse en el Congreso de México, con miras a implementarse como una norma federal que proteja a menores en todo el país.
Con la aprobación de la “Ley Nicole”, el Congreso de Durango busca cerrar lagunas legales que permitían que niñas, niños y adolescentes fueran sometidos a cirugías estéticas de alto riesgo, dejando abierta la puerta a endurecer los controles y reforzar la protección de la niñez en el ámbito de la salud.
