A dos meses del terremoto del 10 de agosto, Armenia aún no tiene una cifra oficial de edificaciones que deberán ser demolidas. El municipio contrató a la Universidad del Quindío para realizar las evaluaciones técnicas que permitirán determinar cuáles inmuebles requieren demolición total, parcial o reforzamiento estructural.
La secretaria de Infraestructura de Armenia, Isabel Cristina Ortiz, explicó que el municipio ya celebró un contrato por $1.000 millones con la Universidad del Quindío, destinado a realizar los conceptos técnicos de las edificaciones afectadas por el movimiento telúrico. Estos estudios serán determinantes antes de adoptar cualquier decisión sobre demoliciones.
La funcionaria señaló que los equipos especializados de la Universidad del Quindío deberán desplazarse a los predios para establecer con precisión el nivel de afectación. Hasta contar con estos conceptos, indicó, no se iniciarán trámites de demolición, debido a que se trata de intervenciones sobre propiedades particulares que requieren una ruta técnica y jurídica.
Uno de los principales puntos que genera confusión es que los conceptos de habitabilidad realizados hasta ahora no equivalen necesariamente a una orden de demolición. Una edificación puede haber sido declarada no habitable por daños en cubiertas, muros u otros elementos, sin que esto signifique que tenga daños estructurales que obliguen a derribarla.
Por esa razón, Ortiz aclaró que actualmente existen cifras relacionadas con edificaciones clasificadas en condición de habitabilidad, pero no un número definitivo de inmuebles que serán demolidos. La evaluación especializada permitirá diferenciar cuáles estructuras pueden ser recuperadas mediante reforzamiento y cuáles requieren una intervención más drástica.
La secretaria también explicó que uno de los factores que retrasó el proceso fue la falta inicial de recursos provenientes del Gobierno Nacional. Ante esta situación, la administración municipal realizó un ejercicio interno para reunir $35.500 millones destinados a atender la emergencia, lo que permitió avanzar en la disponibilidad presupuestal y contratar los estudios que ahora deberán definir el futuro de las edificaciones más afectadas.