En un paso hacia una verdadera resocialización de la población privada de la libertad (PPL), el Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, lanzó una estrategia que permitirá ampliar las oportunidades laborales dentro de los 126 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. Esta iniciativa fue formalizada el 10 de diciembre en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá, Quindío, con la firma del ‘Proyecto de Trabajo Penitenciario’.
El objetivo de esta estrategia es incorporar a los internos como mano de obra en los proyectos de infraestructura y servicios contratados por la USPEC, lo que facilitará su proceso de resocialización y reinserción a la sociedad una vez cumplida su condena.
De acuerdo con el Ministerio, el proyecto brinda a las personas privadas de la libertad la oportunidad de participar en labores de mantenimiento, adecuación y ampliación dentro de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) administrados por el INPEC.
Los consorcios responsables de estas obras tendrán la posibilidad de contratar mano de obra penitenciaria a través del INPEC, facilitando así la integración de los internos en actividades productivas.
Los internos seleccionados trabajarán bajo una modalidad de contratación indirecta, lo que permitirá al INPEC, como entidad responsable de su custodia, garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes laborales establecidos por el Ministerio de Trabajo y otras autoridades competentes.
Asimismo, Ángela María Buitrago, ministra de Justicia y del Derecho, destacó que esta medida hace parte de la Ley 1709 de 2014, la cual reconoce el derecho al trabajo para las personas privadas de la libertad. La ministra manifestó que esta estrategia es de gran importancia para que los internos puedan generar ingresos para ellos y sus familias y, al mismo tiempo, reducir sus penas a través del trabajo.
“Esto significa poder brindarles la oportunidad de dos elementos fundamentales: descontar pena y generar capital para mantener a sus familias. Además, se garantiza su registro en la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y un pago por los menos de los salarios mínimos que existen en Colombia”, explicó Buitrago.
La ministra también resaltó que muchos internos no poseen un oficio al ingresar al sistema penitenciario. Por ello, este proyecto no solo les permitirá trabajar, sino también capacitarse en áreas como construcción, agricultura, confección y artesanía. Esto incrementará sus posibilidades de encontrar empleo una vez en libertad.
“Este proyecto busca dar una resocialización real, entendiendo las necesidades de quienes están en los centros de reclusión. Es una forma de prepararlos para una salida con herramientas que les permitan una reintegración efectiva a la sociedad”, añadió la funcionaria.
La estrategia también contempla el impulso de la marca Libera, creada para comercializar productos elaborados por los internos, como calzado, confecciones y artesanías. Esta iniciativa permitirá generar ingresos adicionales y abrir nuevas perspectivas de autosuficiencia para los centros carcelarios.
Buitrago reconoció el desafío de encontrar personas dispuestas a participar en estos programas, pero afirmó que se están logrando avances significativos que fortalecen el sistema penitenciario y el proceso de resocialización.
“Esto significa abrir la compuerta para que la pena realmente sea una forma de resocialización digna y que tenga, igualmente, la posibilidad para que la persona haga algo dentro del sistema carcelario. Tiene un derecho de rebaja de pena por trabajo, pero también tiene un derecho a mantenerse adecuadamente”, recalcó la jefe de la cartera nacional.
Este proyecto implementado en Calarcá representa un modelo de inclusión y dignificación del trabajo penitenciario, marcando un cambio en la manera de entender el cumplimiento de las penas y las segundas oportunidades para quienes buscan reconstruir sus vidas.
