Dos meses después del terremoto del 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo solicitó reabrir el Registro Único de Damnificados para que las familias que quedaron por fuera puedan acceder a la asistencia institucional.
La petición fue dirigida a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de los desafíos que enfrenta el país para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas por el sismo.
De acuerdo con el balance divulgado el 10 de octubre, la emergencia dejó 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 103 desaparecidas. Además, se reportaron daños en 207.889 viviendas, cifras que reflejan la magnitud de las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico.
El informe también señala que 489.862 personas, agrupadas en 305.791 familias, figuran en el Registro Único de Damnificados. Ante este panorama, la Defensoría insiste en la necesidad de revisar la situación de quienes no lograron quedar incluidos, con el propósito de que puedan ser considerados para recibir apoyo.
La entidad también planteó la importancia de avanzar en soluciones relacionadas con vivienda, salud, educación y recuperación de los ingresos de las familias afectadas. Asimismo, destacó la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de los recursos y participación de las comunidades en las decisiones sobre la reconstrucción.
Por ahora, la solicitud de reapertura del registro no significa que el trámite ya haya sido autorizado. La decisión está pendiente de confirmación por parte de las autoridades competentes, mientras continúa el proceso de atención y recuperación en los territorios afectados.