El presidente Abelardo De La Espriella firmó este martes el Decreto 1368 de 2026, con el que se levanta la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en Colombia. La medida no autoriza el porte indiscriminado y mantiene los requisitos, restricciones y controles establecidos por la legislación vigente.
El anuncio fue realizado por el mandatario a través de sus redes sociales, donde defendió la decisión como el cumplimiento de una de sus promesas de campaña. Según De La Espriella, durante años las restricciones afectaron a ciudadanos que cumplen la ley, mientras las organizaciones criminales continuaron accediendo ilegalmente a armas de fuego.
“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia”, afirmó el presidente, quien insistió en que la decisión “no significa porte indiscriminado”. De acuerdo con el Gobierno, lo que termina es la suspensión general que había convertido la prohibición en la regla, mientras permanecen vigentes los mecanismos de autorización y control.
El Decreto 1368 establece que podrán recuperar su eficacia los permisos individuales de porte que se encuentren vigentes, siempre que no exista una suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento, prohibición legal o judicial, o cualquier otra circunstancia que impida ejercerlos. Los titulares tampoco deberán tramitar una autorización especial adicional cuando su permiso se encuentre vigente y habilitado.
La normativa también deja claro que el levantamiento de la suspensión no crea un derecho al libre porte de armas ni modifica los requisitos establecidos en el Decreto Ley 2535 de 1993. El porte continuará limitado al arma específicamente amparada por el permiso y estará sujeto a las condiciones, restricciones y obligaciones establecidas por las autoridades competentes.
Para justificar la decisión, el presidente presentó cifras de las operaciones de la Fuerza Pública. Según los datos divulgados por el Gobierno, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 fueron incautadas 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos. De ese total, 980 fueron asociadas a disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN.
De la Espriella también señaló que, entre las armas relacionadas con las disidencias, fueron encontrados 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros, cifras que utilizó para argumentar que la principal amenaza está en el armamento ilegal en poder de las estructuras criminales.
La decisión marca un cambio frente a la política de suspensión general que se mantuvo durante los últimos años. La medida había sido adoptada inicialmente en 2015 y posteriormente fue prorrogada por gobiernos sucesivos. Ahora, el Gobierno de De la Espriella sostiene que la recuperación de la eficacia de los permisos vigentes busca garantizar el derecho de quienes cumplen los requisitos legales, mientras mantiene la persecución contra el porte ilegal de armas.
El decreto, sin embargo, establece límites precisos: un permiso vencido, suspendido, cancelado o revocado no habilita el porte, tampoco aquellos casos en los que exista una prohibición judicial o legal, una medida sobre el arma que impida llevarla o cuando el documento autorice únicamente la tenencia y no el porte.
Con esta decisión, el Gobierno abre nuevamente uno de los debates más sensibles sobre seguridad ciudadana en Colombia: hasta dónde debe llegar el derecho de los ciudadanos a portar armas y cuál debe ser el papel del Estado en el control de estos elementos, en un país donde las autoridades enfrentan diariamente el poder de fuego de organizaciones criminales.
