Una radiografía preocupante del sistema de salud en el departamento del Quindío fue presentada durante una sesión realizada en la Asamblea Departamental, donde autoridades, gerentes de hospitales y representantes de EPS expusieron el creciente impacto de las deudas en la prestación de los servicios médicos.
El encuentro reunió a actores importantes del sector, incluyendo EPS públicas y privadas, así como directivos de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), con el objetivo de analizar el estado de la cartera y buscar estrategias que permitan mejorar el flujo de recursos y garantizar el pago de obligaciones pendientes.
Durante la jornada, se reveló que la deuda acumulada con la red pública hospitalaria del departamento asciende a cerca de 300 mil millones de pesos, una cifra que mantiene en alerta a las instituciones de salud por el riesgo que representan para su sostenibilidad.
El presidente de la Asamblea, César Londoño, advirtió que esta problemática no es exclusiva del departamento, sino que refleja una crisis a nivel nacional. Según indicó, los reclamos en salud han aumentado significativamente, con más de dos millones de quejas registradas en el país entre 2024 y 2025.
“El Quindío no es ajeno a esta situación. Muchos pacientes enfrentan demoras en la atención y la interrupción de tratamientos, especialmente en enfermedades crónicas y de alto costo, lo que ha generado un colapso en los servicios de urgencias”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Hospitales del Quindío, Juan David Arango, calificó el panorama como “muy preocupante”, destacando que una parte significativa de la deuda corresponde a EPS intervenidas por el Gobierno nacional, lo que ha dificultado aún más la recuperación de los recursos.
El directivo explicó que entre el 30 % y el 40 % de la cartera corresponden a deudas previas a la intervención de estas entidades, mientras que el resto se ha acumulado posteriormente, en medio de un flujo de pagos irregular. Además, señaló que EPS como Nueva EPS, Asmet Salud y Sanitas concentran gran parte de las obligaciones pendientes en el departamento.
Arango advirtió que esta situación ha llevado a varios hospitales a una “asfixia financiera”, con riesgos reales de cierre de servicios, especialmente en municipios pequeños donde más del 50% del presupuesto depende de estos recursos.
A su vez, el gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa, alertó sobre el impacto directo en los pacientes, señalando que ya se están presentando casos de personas que no reciben atención oportuna o no son remitidas a centros especializados.
“Hay pacientes que están muriendo por falta de atención. No es solo un tema de recursos, también hay una crisis de credibilidad en el sistema. Existen EPS que no cuentan con redes adecuadas de servicios, lo que impide garantizar la atención”, afirmó.
Correa también cuestionó la gestión de algunas EPS intervenidas, asegurando que los constantes cambios de interventores y las dificultades administrativas han agravado la crisis, dejando deudas millonarias sin posibilidad clara de recuperación.
Ante este panorama, desde la Asamblea se anunció que se elevarán quejas ante organismos de control como la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental, con el fin de exigir mayor vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la salud.
Las autoridades coincidieron en la urgencia de implementar estrategias de conciliación que permitan sanear las finanzas del sistema y evitar un colapso mayor, advirtiendo que, de no tomar medidas inmediatas, las principales afectaciones seguirán recayendo sobre los usuarios del servicio de salud en el departamento.
