El Consejo de Estado suspendió en su totalidad el Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que se ordenaba el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, en el marco de la implementación de la reforma pensional.
La decisión del alto tribunal frena, por ahora, el movimiento de cerca de 25 billones de pesos que debían ser transferidos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al sistema público. En una primera medida cautelar emitida el pasado 28 de abril, el Consejo de Estado ya había suspendido parcialmente el traslado de 20 billones de pesos. Ahora, con la nueva determinación, también quedaron congelados los 5 billones restantes que debían girarse en las próximas semanas.
Según explicó la corporación judicial, el proceso corresponde a una demanda de nulidad presentada contra el decreto gubernamental, a la que posteriormente se acumularon otras acciones similares impulsadas por distintos sectores. Los demandantes argumentaron que la medida representaba un “salto al vacío” normativo y que la legislación vigente establece que los recursos de los afiliados deben permanecer administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho pensional.
La ampliación de la medida cautelar fue adoptada por el despacho del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien consideró necesario actuar de manera urgente debido a los cortos plazos establecidos por el Gobierno para ejecutar el traslado de los recursos. En la providencia, el Consejo de Estado señaló que existían elementos suficientes para advertir posibles inconsistencias jurídicas en el decreto.
El tribunal también advirtió que el Gobierno ordenó a las AFP trasladar a Colpensiones los recursos de afiliados que se acogieron a la denominada “ventana de traslado” creada por la reforma pensional, pese a que la Ley 2381 de 2024 establecía que dichos recursos debían destinarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Con esta decisión judicial, queda detenido de manera total el traslado anticipado de recursos contemplado en el decreto del Ejecutivo, mientras el Consejo de Estado estudia de fondo la legalidad de la norma demandada. Entretanto, gremios y sectores empresariales que solicitaron la suspensión insistieron en que el proceso podría generar afectaciones para los afiliados y ahorradores del sistema pensional colombiano.
