Una decisión del Consejo de Estado dejó en firme la sanción disciplinaria contra José Élmer López Restrepo, quien se desempeñó como curador urbano número 2 de Armenia, por irregularidades relacionadas con la expedición de licencias de construcción para intervenir la antigua Estación del Ferrocarril, considerada un bien de interés cultural de carácter nacional.
En sentencia del 29 de octubre de 2026, la Sección Segunda, Subsección A, revocó el fallo que había emitido el Tribunal Administrativo del Quindío en abril de 2021 y negó las pretensiones de la demanda presentada por el exfuncionario. De esta manera, se mantiene la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas durante ocho años, impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
El proceso disciplinario se originó en la expedición de dos licencias de construcción: la primera, identificada con el número 1-1420222, del 30 de diciembre de 2014, y la segunda, con el número 37-1520018, del 12 de agosto de 2015. Según la investigación, López Restrepo autorizó intervenciones en la antigua Estación del Ferrocarril sin verificar que el proyecto contara con la autorización del Ministerio de Cultura para los usos específicos de ese inmueble protegido.
La conducta fue calificada por la Procuraduría como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, al considerar que el entonces curador desatendió las instrucciones y directrices aplicables a la intervención de un bien de interés cultural.
Un proceso disciplinario que tuvo varios cambios
El caso llegó a la Procuraduría después de que la Contraloría Municipal de Armenia trasladara, el 24 de enero de 2017, un hallazgo de auditoría relacionado con las presuntas irregularidades en las licencias de construcción.
Posteriormente, la Procuraduría Provincial de Armenia abrió una indagación preliminar y, el 13 de diciembre de 2018, declaró responsable disciplinariamente al entonces curador urbano. En ese momento le impuso una multa equivalente a 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de diez años.
Sin embargo, al resolver la apelación, la Procuraduría Regional del Quindío modificó la sanción el 11 de abril de 2019: sustituyó la multa por destitución y redujo la inhabilidad a ocho años.
La actuación tuvo un nuevo giro cuando, el 17 de junio de 2019, el procurador general de la Nación revocó directamente esa decisión al encontrar que durante el trámite de segunda instancia se había omitido la oportunidad para presentar alegatos de conclusión. Por esa razón, ordenó rehacer el procedimiento disciplinario desde el fallo de primera instancia.
Una vez retomado el proceso, la Procuraduría Provincial de Armenia emitió una nueva decisión el 8 de agosto de 2019, en la que impuso nuevamente la destitución y la inhabilidad por ocho años. La Procuraduría Regional del Quindío confirmó la sanción el 30 de septiembre de ese mismo año.
¿Por qué el Consejo de Estado respaldó a la Procuraduría?
El excurador acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa al considerar que la Procuraduría no tenía competencia para investigarlo y sancionarlo, pues, según su interpretación, esa función correspondía a la Superintendencia de Notariado y Registro. También cuestionó la revocatoria de los primeros fallos y sostuvo que la reanudación del procedimiento vulneraba sus derechos al debido proceso y el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar o sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Quindío le dio la razón en algunos de sus argumentos. Mediante sentencia del 8 de abril de 2021 declaró la pérdida de ejecutoriedad de los actos disciplinarios y ordenó eliminar las anotaciones correspondientes de sus antecedentes. No obstante, negó las indemnizaciones económicas que había solicitado.
La Procuraduría apeló esa decisión y el caso llegó al Consejo de Estado, que encontró que la entidad sí tenía competencia para adelantar la investigación.
Uno de los aspectos determinantes fue la fecha en que comenzó la actuación disciplinaria. La Ley 1796 de 2016 asignó a la Superintendencia de Notariado y Registro funciones relacionadas con la vigilancia disciplinaria de los curadores urbanos, pero esas disposiciones entraron en vigor el 13 de julio de 2017.
En este caso, la Procuraduría había recibido el informe de la Contraloría Municipal de Armenia en enero de ese año y abierto la indagación preliminar el 18 de mayo, es decir, antes de que comenzara a regir la nueva competencia de la Superintendencia. Por ello, el alto tribunal concluyó que la Procuraduría conservaba la facultad para continuar con el proceso.
La corporación también respaldó la aplicación de la Resolución 108 de 2002, mediante la cual el procurador general distribuyó las competencias entre las dependencias de la entidad y asignó a las procuradurías provinciales la primera instancia de los procesos contra curadores urbanos del orden municipal.
No encontró vulneración al debido proceso ni doble juzgamiento
Otro de los puntos analizados fue la revocatoria directa de los primeros fallos sancionatorios. El Consejo de Estado explicó que este mecanismo se rige por las normas especiales del Código Disciplinario Único, contenido en la Ley 734 de 2002, y no por las disposiciones generales del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por esa razón, determinó que el procurador general podía revocar la sanción inicial el 17 de junio de 2019, debido a que para ese momento no existía una sentencia judicial definitiva sobre los primeros actos disciplinarios.
La Sala reconoció que la nulidad ordenada por el procurador general se extendió hasta el fallo de primera instancia, aunque la irregularidad se había presentado durante la segunda instancia. Sin embargo, consideró que ese alcance no afectó materialmente los derechos del investigado, pues le permitió ejercer nuevamente su defensa desde una etapa anterior del procedimiento.
Frente al argumento de un supuesto doble juzgamiento, el alto tribunal concluyó que no existieron dos procesos disciplinarios independientes ni dos sanciones definitivas concurrentes. Explicó que los fallos de agosto y septiembre de 2019 hicieron parte de la misma actuación, reanudada después de la revocatoria directa y la nulidad decretadas para corregir la irregularidad procesal.
Con estos argumentos, el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío y negó todas las pretensiones de la demanda.
Finalmente, la corporación condenó a José Élmer López Restrepo al pago de las costas judiciales de primera y segunda instancia a favor de la Procuraduría General de la Nación.
La decisión mantiene la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por ocho años contra quien fuera curador urbano número 2 de Armenia, en un caso relacionado con el cumplimiento de las normas para intervenir uno de los bienes patrimoniales de mayor relevancia histórica de la capital quindiana.



