El Gobierno de Abelardo De La Espriella declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y por grave calamidad pública en 15 departamentos, como respuesta a la crisis provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y busca acelerar la atención de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El decreto 1261, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella y todos los ministros del gabinete durante la noche del miércoles 19 de agosto, cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. De acuerdo con el Gobierno, el terremoto de magnitud 7,4 deja hasta el momento más de 260.000 personas afectadas, más de 310 fallecidos, y miles de personas heridas.
La declaratoria, contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política, le permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a enfrentar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan. El Gobierno argumentó que los recursos disponibles son insuficientes para atender la magnitud de la emergencia y anunció modificaciones presupuestales, creación de fondos especiales y la posibilidad de adoptar medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para generar liquidez y financiar la recuperación.
Uno de los principales anuncios es la creación del Fondo Milagro, destinado a administrar recursos nacionales e internacionales para la recuperación de los territorios afectados. También se contempla fortalecer las capacidades financieras y administrativas de las entidades territoriales, reorientar recursos de fondos especiales que no estén comprometidos y realizar traslados o adiciones presupuestales para atender las necesidades derivadas de la tragedia. De La Espriella aseguró, además, que se revisará el gasto público para identificar programas no prioritarios cuyos recursos puedan ser dirigidos hacia la emergencia, sin afectar a las poblaciones más vulnerables.
El desafío financiero, sin embargo, es de grandes proporciones. El presidente estimó que la reconstrucción de las zonas más afectadas podría alcanzar los 30 billones de pesos y sostuvo que Colombia atraviesa una situación fiscal especialmente compleja, con una deuda bruta superior al 60 % del PIB. En paralelo, el Gobierno anunció acuerdos con el sector asegurador para agilizar el trámite y pago de las pólizas de los damnificados. Las familias afectadas tendrán hasta dos años para presentar sus reclamaciones ante las compañías, mientras que las viviendas de estratos 1, 2 y 3 y las de interés social tendrán atención prioritaria.
La emergencia tendrá una vigencia inicial de 30 días, aunque la Constitución establece que estos estados pueden declararse por periodos de hasta 30 días y que, sumados, no pueden superar 90 días dentro del año calendario. El Gobierno deberá presentar al Congreso un informe sobre las causas que motivaron la declaratoria y las medidas adoptadas, mientras que el decreto será remitido a la Corte Constitucional para su respectivo control. En los próximos días se espera la expedición de nuevos decretos con medidas específicas para atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto.
