Durante la inspección, el equipo defensorial constató una alta afluencia de personas, muchas de ellas procedentes de otros municipios, que acuden a este dispensador ante la percepción de una mayor disponibilidad de medicamentos. Esta situación ha incrementado la presión sobre el punto de atención y ha desbordado su capacidad operativa.
Según lo verificado, el dispensador estaba funcionando únicamente con el stock de medicamentos disponible desde el jueves 22 de enero, y el personal informó que apenas el día de la visita se realizaría el pedido de reposición. Además, en este mismo lugar se atiende de manera simultánea a usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado, lo que, sumado al volumen de demanda, supera la capacidad de respuesta: las 15 cajas habilitadas resultan insuficientes para garantizar una atención oportuna.
Otro de los factores que agrava la situación es la ausencia de la base de datos que debía ser suministrada por Colsubsidio, lo que obliga al personal a realizar el registro manual de cada usuario, ralentizando considerablemente el proceso. A esto se suma que, aunque se reportó la presencia de dos funcionarios de la Nueva EPS para la actualización de autorizaciones, estos no son fácilmente identificables por los usuarios, generando confusión y mayores tiempos de espera.
La Defensoría también evidenció un elevado número de medicamentos pendientes por entregar, situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y aumenta la preocupación de los pacientes. Asimismo, se observó la falta de una priorización efectiva en la atención a personas adultas mayores, usuarios con niños y otros sujetos de especial protección. Aunque la mayoría de los asistentes supera los 60 años, el sistema de turnos no garantiza en la práctica un acceso preferente.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó la adopción urgente de un plan de contingencia por parte de los responsables del servicio. Entre las medidas sugeridas se encuentra la realización de una jornada de atención continua de al menos 72 horas, sin interrupciones, y con una provisión suficiente de medicamentos, con el fin de ponerse al día en las entregas y garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la salud de los usuarios.
