El Ministerio de Transporte de Colombia expidió de manera oficial la Resolución Número 20263040024745 de junio de 2026, mediante la cual se implementan de forma temporal tarifas especiales diferenciales en cinco estaciones de peajes administradas dentro del proyecto vial “Desarrollo Vial Armenia-Pereira-Manizales”. Si bien la medida representa un logro administrativo derivado de las mesas de concertación y diálogo social tras las protestas de mayo, la publicación del documento oficial encendió las alarmas institucionales en el departamento debido a una preocupante omisión geográfica en su redacción.
La resolución, avalada técnicamente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), determina que los vehículos de categorías IE y IIE tendrán un beneficio tarifario final de $700 pesos en la caseta de Circasia. Este alivio económico busca mitigar el impacto financiero en el corredor y garantizar el derecho a la libre circulación de los usuarios frecuentes que transitan entre las capitales del Eje Cafetero. No obstante, el esquema planteado por el nivel central generó un desequilibrio territorial inesperado que afecta de manera directa la economía de los usuarios nativos de la zona de influencia.
El epicentro de la discusión se concentra en el Parágrafo Quinto del acto administrativo, donde se delimitan los municipios amparados por el subsidio. El Ministerio de Transporte incluyó explícitamente a los propietarios de vehículos residentes en Filandia y Salento por el Quindío, así como a Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría y Santa Rosa de Cabal por los departamentos de Caldas y Risaralda. Sin embargo, la norma omitió incorporar al municipio de Circasia dentro del beneficio, obligando a sus habitantes a seguir pagando la tarifa plena de hasta $21.200 pesos a pesar de que la infraestructura opera en su propia jurisdicción.
Ante esta situación, el alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña Sierra, asumió la vocería del municipio y manifestó su inconformidad con la decisión de la ministra María Fernanda Rojas Mantilla. El mandatario local señaló que es contradictorio que la población que asume de manera directa los costos ambientales, la segmentación rural y las dinámicas logísticas del peaje sea la única del área de influencia inmediata excluida del beneficio tarifario general. Peña Sierra enfatizó en que la administración local no aceptará evaluaciones individuales y solicitó una mesa de trabajo prioritaria para reformar el documento.
El alcalde Julián Andrés Peña Sierra anunció que liderará una estrategia de revisión institucional dirigida a la ANI y al Ministerio de Transporte para corregir el vacío técnico de la resolución. El gobierno municipal busca que se firme una resolución aclaratoria o un otrosí que incorpore formalmente a Circasia en el listado general de beneficiarios, argumentando que se está vulnerando el principio de equidad fiscal consagrado en la Ley 105 de 1993. Para el mandatario, la vía de la revisión jurídica es el mecanismo idóneo para subsanar la asimetría sin alterar la vigencia presupuestal asignada.
Por su parte, los comités comunitarios y el gremio de transportadores del departamento expresaron su preocupación y pidieron celeridad en las mesas técnicas entre el alcalde y el gobierno nacional. Los líderes sociales recordaron que la estabilidad vial lograda tras las protestas de mayo se fundamentó en la promesa de un beneficio proporcional y equitativo para las comunidades afectadas. La omisión de Circasia debilita la confianza institucional en la región y genera tensiones en el entorno rural, por lo que el sector social insta al Ministerio a resolver la situación antes de que se afecte la normalidad del corredor.
La premura del reclamo liderado por la alcaldía se sustenta en la estricta temporalidad fijada por la misma cartera de transporte. El beneficio de las tarifas diferenciales cuenta con un techo presupuestal de 21.600 millones de pesos provenientes de excedentes y caducará el 1 de febrero de 2027, fecha estimada para la terminación del Contrato de Concesión No. 0113 de 1997. Debido a este corto margen operativo, la administración local insiste en que cada semana de retraso administrativo por parte de Bogotá dilata el impacto real del auxilio económico en las familias circasianas.
Finalmente, las fuerzas institucionales del Quindío y las veedurías ciudadanas se han unificado para respaldar la gestión técnica de Julián Andrés Peña Sierra ante el Ministerio de Transporte. La región espera que la ministra María Fernanda Rojas atienda con prontitud el llamado técnico para restablecer el equilibrio y la armonía socioeconómica en el Eje Cafetero. Mientras se define la fecha de la mesa técnica de concertación, la comunidad de Circasia se mantiene a la expectativa, confiando en que el diálogo bilateral permita corregir un error formal que compromete el bienestar de los habitantes del municipio.
