Durante la sesión, el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, Humberto Turriago, confirmó que la administración departamental inició actuaciones tras conocer el caso, aunque advirtió que la información está cobijada por reserva legal.
“Como jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario debe estar sometido a la reserva total (…) hace parte del Código General Disciplinario”, explicó el funcionario, al reiterar que no puede entregar detalles específicos sobre el proceso.
Según indicó, la investigación se inició a solicitud del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, tras recibir el informe relacionado con los hechos. “Se abrió la información (…) obtuvimos toda la información de manera muy rápida por parte de las oficinas competentes”, señaló.
Turriago agregó que, una vez individualizados posibles responsables, se avanzó en la etapa investigativa con la solicitud de pruebas, aunque estos también se encuentran bajo reserva.
El funcionario señaló que el proceso ya no está en manos de la Gobernación, luego de que la Procuraduría General de la Nación asumiera el caso mediante el mecanismo de poder preferente.
“La Procuraduría solicitó que remitiéramos todo el expediente (…) desde el 5 de marzo tienen pleno conocimiento y manejo del caso”, precisó.
Con esta decisión, la entidad nacional será la encargada de continuar con la investigación y determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.
Turriago también explicó que se declaró impedido dentro del proceso, argumentando el cumplimiento estricto de la ley y los principios del debido proceso.
“Todos los funcionarios estamos sometidos al imperio de la ley frente a la reserva (…) el debido proceso y la presunción de inocencia prevalecen en toda actuación disciplinaria”, afirmó.
En ese sentido, reiteró que no es posible confirmar el número de implicados ni revelar detalles adicionales mientras el proceso no avanza a una etapa pública.
De acuerdo con el funcionario, la normativa vigente establece que la etapa de investigación preliminar tiene una duración de hasta seis meses, al igual que la fase de investigación formal, con posibilidad de prórroga en ciertos casos.
Asimismo, aclaró que hasta el momento la actuación disciplinaria se basa en la solicitud presentada por el gobernador, sin referirse a otras posibles denuncias externas.
