El Gobierno nacional oficializó este lunes la promulgación de la Ley 27.801, una reforma estructural que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 138/2026, marca un hito en la política criminal del país al reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Ejecutivo convierte en ley una de sus promesas centrales de campaña, reemplazando la normativa vigente desde la última dictadura militar (Ley 22.278).
La sanción definitiva se produjo el pasado 27 de febrero en el Senado, donde el oficialismo logró 44 votos afirmativos frente a 27 negativos. Aunque el proyecto original buscaba bajar la edad a los 13 años, el Gobierno aceptó fijar el límite en 14 años para asegurar el respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR.
El debate cobró un impulso definitivo tras el asesinato de Jeremías Monzón en diciembre pasado, un adolescente de 15 años atacado por menores en Santa Fe, hecho que aceleró el tratamiento en el Congreso.
“En la Argentina del orden, el que las hace, las paga”, sentenció la senadora Patricia Bullrich, figura importante en la defensa de la reforma, subrayando el enfoque de “mano dura” que impulsa la nueva ley.
Claves del nuevo sistema para menores
El nuevo régimen no solo modifica la edad, sino que redefine el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal:
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Sanciones graduadas: Las penas se aplicarán considerando la edad del menor, la gravedad del delito y el contexto del hecho.
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Medidas socioeducativas: Se incluyen programas de reparación del daño, servicios comunitarios y restricciones de conducta para fomentar la resocialización.
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Cárceles diferenciadas: En casos de delitos graves que ameriten prisión, los menores deberán cumplir sus penas en establecimientos específicos, totalmente separados de la población adulta.
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Transición institucional: La ley otorga un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, abriendo una etapa de adaptación para el sistema judicial y las políticas de niñez.
A pesar de la prioridad declarada en la reinserción social y el acompañamiento educativo, la reforma enfrenta cuestionamientos sobre la capacidad real del sistema para garantizar estos objetivos. El Gobierno, por su parte, sostiene que este cambio es fundamental para responder a las demandas de seguridad y terminar con la impunidad en delitos cometidos por menores.
