La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura cambios que amplían el periodo presidencial a siete años y establecen restricciones para quienes el Gobierno califique como “golpistas” o “traidores a la patria”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, en primera legislatura y de manera unánime, una reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega que amplía de seis a siete años el periodo presidencial y establece nuevas restricciones para la participación en elecciones de personas consideradas por el Gobierno como responsables de acciones contra la soberanía del país.
La modificación, aprobada por un Legislativo controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), impide postularse a cargos de elección popular a quienes, según la nueva normativa, participen en la planificación o ejecución de un supuesto “golpe de Estado”, sean señalados como “traidores a la patria”, soliciten intervención militar extranjera o promuevan “bloqueos económicos” contra Nicaragua.
La reforma también contempla restricciones para quienes, de acuerdo con el Gobierno, hayan cometido actos que afecten la independencia, soberanía y autodeterminación del país. Las medidas alcanzan igualmente a opositores en el exilio, una situación que se ha profundizado desde las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 personas muertas, según cifras atribuidas a Naciones Unidas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó la aprobación del articulado durante una sesión especial realizada frente a la catedral de León. Antes de la votación, el dirigente parlamentario depositó el texto de la reforma en la tumba del poeta Rubén Darío. El oficialismo sostiene que las modificaciones buscan proteger la soberanía y estabilidad de Nicaragua, mientras sectores opositores denuncian que las nuevas reglas buscan cerrar aún más los espacios para la competencia política.
La iniciativa había sido anunciada por Ortega el pasado 19 de julio, durante la conmemoración del aniversario de la revolución sandinista. Entre los cambios también se establece que la ampliación del periodo presidencial a siete años aplicará a las actuales autoridades elegidas mediante voto popular. Además, las elecciones que estaban previstas para finales de este año fueron aplazadas hasta noviembre de 2027.
La reforma todavía no entra en vigor. Al haber sido aprobada en la primera legislatura, deberá ser ratificada en una segunda votación que comenzará a partir del 18 de enero de 2027, un trámite que se prevé superar debido al amplio control que mantiene el oficialismo sobre el Parlamento.
Ortega, de 80 años, regresó al poder en 2007 después de haber gobernado Nicaragua durante la década de 1980 y posteriormente fue reelegido en tres ocasiones. En las elecciones de 2021, varios dirigentes opositores fueron encarcelados antes de los comicios y el FSLN obtuvo una amplia victoria en unos comicios cuestionados internacionalmente.
La situación política de Nicaragua ha provocado además el exilio de miles de ciudadanos, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos. Algunos fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”. La oposición en el exilio sostiene que las nuevas disposiciones constitucionales buscan consolidar el poder de la familia Ortega-Murillo y limitar aún más cualquier posibilidad de alternancia política.
La reforma también ha generado rechazo internacional. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó recientemente la convocatoria de una reunión urgente de cancilleres para analizar posibles medidas frente al Gobierno nicaragüense. El secretario general de la organización, Albert Ramdin, ha planteado la posibilidad de adoptar acciones individuales y colectivas para aumentar la presión sobre Managua.
En 2024, otra modificación constitucional había ampliado de cinco a seis años el periodo presidencial y elevado a Rosario Murillo, entonces vicepresidenta, a la figura de copresidenta. Con la nueva reforma, la pareja presidencial mantendría el control del Ejecutivo bajo un esquema institucional que amplía nuevamente el periodo de las autoridades elegidas por voto popular.
Mientras Nicaragua se encamina a una nueva etapa electoral bajo estas reglas, Estados Unidos continúa siendo su principal socio comercial, pese a las fuertes tensiones políticas entre Washington y Managua. La oposición nicaragüense ha pedido a la comunidad internacional aumentar la presión económica y política sobre el Gobierno de Ortega y Murillo.
