La Sociedad de Ingenieros del Quindío y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío expresaron su preocupación frente al anuncio del Gobierno Nacional de levantar las casetas de peaje y dar por terminada de manera anticipada la concesión de la vía Armenia–Pereira–Manizales, una de las arterias viales más estratégicas del país.
De acuerdo con los gremios, este corredor cumple un papel clave no solo en la articulación de los tres departamentos del Eje Cafetero, sino también en la conectividad del centro del país, el desarrollo económico regional, la competitividad empresarial y el impulso al turismo. Por ello, advirtieron que cualquier decisión que impacte su operación, mantenimiento o proyección debe estar debidamente sustentada, concertada y socializada con los territorios directamente afectados.
Las entidades destacaron que las alianzas público-privadas y las concesiones viales han demostrado ser un modelo eficiente para garantizar estabilidad jurídica, continuidad en la inversión y estándares adecuados en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. En ese sentido, señalaron que la terminación anticipada de la concesión genera interrogantes sobre la sostenibilidad técnica y financiera del corredor vial.
En cuanto a los peajes, recordaron que históricamente han sido un mecanismo legítimo de financiación que permite el mantenimiento permanente de la vía y la ejecución de obras estratégicas. Alertaron que su eliminación, sin un esquema claro y garantizado que los reemplace, podría poner en riesgo la conservación de la carretera y el cumplimiento de las obras aún pendientes.
Si bien reconocieron que, en el corto plazo, el retiro de los peajes podría traer beneficios como la reducción de costos de transporte, un mayor flujo de visitantes y la dinamización de sectores como el comercio y la gastronomía, advirtieron que a mediano y largo plazo la falta de estos recursos podría derivar en el deterioro progresivo de la vía y en la imposibilidad de adelantar labores de mantenimiento, mejoramiento y modernización.
Los gremios aclararon que no se trata de oponerse a la eliminación de los peajes, sino de exigir que el Gobierno Nacional defina de manera seria, clara y responsable cómo se reemplazará el esquema de financiación, ya sea mediante obra pública, asociaciones público-privadas, impuestos u otras rentas del Estado. También pidieron claridad sobre cómo y cuándo se ejecutarán las obras comprometidas para este corredor.
Finalmente, propusieron la instalación de mesas de trabajo con los gobiernos territoriales y los gremios de la región, con el fin de analizar de forma conjunta los aspectos técnicos, financieros y jurídicos de la decisión. Insistieron en que el desarrollo y la competitividad del Eje Cafetero deben sustentarse en un plan integral que garantice el mantenimiento y la modernización de una vía considerada vital para la región y para el país.
