El Parlamento Europeo aprobó las primeras normas comunes en la Unión Europea destinadas a garantizar el bienestar de perros y gatos, en un intento por frenar el maltrato animal y regular un mercado que mueve cerca de 1.300 millones de euros.
La nueva legislación establece una serie de medidas estrictas que buscan mejorar las condiciones de vida de los animales de compañía en el continente, donde se estima que conviven más de 72 millones de perros y 83 millones de gatos. Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la prohibición de prácticas consideradas invasivas o perjudiciales, como el corte de orejas y colas, salvo indicación médica.
Asimismo, la norma veta la endogamia, excepto en casos específicos para preservar razas con baja diversidad genética, y prohíbe la cría de animales con rasgos extremos que comprometan su salud, como patas excesivamente cortas. También queda el cruce prohibido entre razas domésticas y especies silvestres, con el fin de evitar problemas de comportamiento en los animales.
Uno de los pilares del nuevo marco regulatorio será la identificación obligatoria mediante microchip y el registro de todos los perros y gatos en bases de datos nacionales interconectadas, lo que permitirá un mayor control del comercio y facilitará la lucha contra el tráfico ilegal de mascotas.
La normativa también establece estándares mínimos de bienestar en criaderos, perreras y refugios, y regula la reproducción de animales, fijando límites de edad y frecuencia para la cría responsable.
En el caso de los animales importados, se exigirá el cumplimiento de las mismas normas de trazabilidad, incluyendo el microchip y su registro en un plazo máximo de cinco días tras su ingreso al territorio europeo. Para los traslados no comerciales, también se contempla la creación de una base de datos específica para viajeros con mascotas.
Aunque la ley representa un avance significativo en la protección animal, aún debe recibir la aprobación formal de los Estados miembros para su entrada en vigor. Una vez adoptada, se prevén períodos de adaptación de hasta cuatro años para criadores y refugios, y plazos más amplios para propietarios particulares.
La iniciativa ha sido celebrada por organizaciones defensoras de los animales, que consideran que contribuirá a frenar el tráfico ilegal de mascotas, especialmente desde países como Bulgaria y Rumanía, y elevar los estándares de bienestar animal en toda la región.
