Una nueva controversia por el uso del espacio público se ha originado en Armenia tras la suspensión preventiva de una diligencia de recuperación del espacio en el sector de los puentes de La Cejita La decisión fue adoptada por la Secretaría de Gobierno y Convivencia en cumplimiento de una acción de tutela emitida por las autoridades judiciales.
Carlos Arturo Ramírez, secretario de Gobierno, confirmó que la administración municipal acató la orden judicial que impide cualquier procedimiento de desalojo en la zona. “Fuimos notificados a través de la Secretaría de una acción de tutela que nos solicita abstenernos de ejecutar cualquier procedimiento relacionado con la recuperación del espacio público. En ese sentido, acatamos la decisión y daremos respuesta desde nuestro equipo jurídico”, aseguró.
A pesar de la suspensión, la Alcaldía mantiene su compromiso con la recuperación del espacio público, respaldada por una acción popular vigente desde 2014 y directrices de la Procuraduría General de la Nación.
Reunión con comerciantes y voces de preocupación
Mientras tanto, la administración llevó a cabo una jornada de socialización con los comerciantes del sector, en la que se presentó la oferta institucional disponible para su reubicación, que incluye locales en la Placita Campesina con exoneración temporal de arriendo y otros beneficios. Esta oferta, según la Alcaldía, es voluntaria.
Sin embargo, los vendedores afectados expresaron su inconformidad. José Agudelo Vanegas, vocero del grupo, relató que hace siete años fueron reubicados en este sitio tras un fallido intento en la Media Torta. “La Palomera era un lugar inseguro y abandonado, pero nosotros lo transformamos. Ahora quieren sacarnos sin considerar lo que hemos construido”, señaló.
A su voz se sumó la de Jason Arbeláez Aguirre, quien denunció que no hubo socialización ni diálogo previo: “Nos están vulnerando el derecho al trabajo. Hemos estado allí más de cinco años, pasando frío, luchando. No nos permiten mejorar los puestos, pero sí nos exigen irnos como si no valiéramos”.
Soraida Franco, otra comerciante, pidió a la Alcaldía que tenga en cuenta la situación social del grupo. “Somos padres y madres cabeza de hogar, personas mayores que ya no conseguimos empleo fácilmente. Lo que pedimos es voluntad política y una solución concertada”, enfatizó.
Proceso legal en curso
El proceso fue suspendido tras la tutela interpuesta por un comerciante del sector, quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales. La Alcaldía confirmó que cualquier actuación quedará pausada hasta que el juez correspondiente emita un fallo definitivo. Mientras tanto, continuará el seguimiento jurídico y técnico, respetando el debido proceso.
