Desde julio de 2013, por lo menos 19 niños y niñas indígenas murieron por causa de enfermedades prevenibles en el municipio de Riosucio departamento del Chocó, de acuerdo con una visita que realizaron el Representante de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, y el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez. Además, se constató que de 40 niños y niñas que recibieron atención por parte de las entidades delegadas, 35 de ellos presentaban enfermedad diarreica aguda; 19 reportaban síntomas de enfermedad respiratoria aguda, todos tenían afecciones en la piel y algunos tenían otitis, rinitis, asma y bajo peso.
Los delegados expresaron que la situación se agudiza cada año durante la época de sequía, pues el desabastecimiento de agua genera que las enfermedades sean más recurrentes, afectado en su mayoría, a los niños.
Como resultado de las visitas a los resguardos indígenas asentados en las cuencas del Atrato, se obtuvo información acerca del fallecimiento de cuatro niños y niñas dentro de sus comunidades por vómito y diarrea, entre el 15 de diciembre y el 2 de enero, las cuales se suman al caso de la bebé reportado este 2 de marzo.
Durante la visita, se evidenciaron problemas de contaminación de agua, deficiencias en la manipulación de alimentos, parasitismo intestinal y desnutrición, entre otros factores.
En la visita a cuatro comunidades del Truandó, se atendieron 150 niños, 43% de ellos reportaban diarrea y 28% enfermedades respiratorias; adicionalmente fueron conocidos 7 casos de personas con discapacidad, entre ellos niñas y niños, que nunca habían recibido atención médica.
Por otra parte, los organismos humanitarios denunciaron que el único Centro de Salud que cuenta con atención de urgencias para los 28.879 habitantes de Riosucio, presenta graves deficiencias en la prestación de los servicios y carece de los instrumentos, medicamentos y medios adecuados para la atención.
Para la Defensoría, “la persistencia de esta situación en las comunidades indígenas del Bajo Atrato chocoano evidencia graves deficiencias para brindar prestaciones de agua y salud adaptados a la realidad rural y étnica de esa zona, viéndose así vulnerados los derechos de la población al agua, la salud y a la vida digna”.
Según la información documentada, el 41% de la población, cifra de afiliados a Caprecom en la zona, no es transportada para el acceso ambulatorio a la red de salud.
De hecho, en el área donde se han presentado las muertes evitables de niños y niñas, las comunidades deben recorrer hasta 2 días para llegar a Riosucio y posteriormente hasta tres horas para llegar al hospital de Turbo, y hasta 3 días para acceder a los servicios de salud en Quibdó.
Los organismos reiteraron al Gobierno Nacional que la salud es un derecho humano que “debe garantizarse sin discriminación a todas las personas y del grado de dispersión rural donde se encuentran, así como por encima de cualquier interés económico”.
