¿En qué se gastaron los $170 billones destinados a implementar el Acuerdo de Paz con las FARC? Esta fue la contundente pregunta que puso sobre la mesa Viviane Morales, consejera comisionada de Paz, durante una intervención ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio de una discusión sobre los recursos públicos, la austeridad fiscal y los resultados de lo pactado en La Habana.
La funcionaria aseguró que durante los últimos diez años se han destinado $170 billones para implementar el Acuerdo de Paz de 2016, una cifra que, a su juicio, obliga al país a revisar con mayor rigor cómo se han ejecutado los recursos y cuáles han sido sus resultados.
El cruce con el magistrado de la JEP
El intercambio se produjo cuando el magistrado Roberto Salazar le pidió a Morales explicar su referencia a la denominada «petrificación presupuestal» y cuestionó cómo se garantizarían los recursos para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz.
Morales aclaró que se refería a una «petrificación en la implementación» y sostuvo que el cumplimiento del Acuerdo no significa que los gobiernos deban mantener indefinidamente los mismos instrumentos administrativos y presupuestales.
Su argumento fue que, ante la crisis fiscal, el Estado debe revisar sus prioridades, combatir la corrupción y garantizar que cada peso invertido produzca resultados verificables.
La funcionaria fue más allá y dejó una advertencia: habrá recortes presupuestales en los programas públicos, incluidos los relacionados con la implementación del Acuerdo, pero estos deberán acompañarse de eficiencia, transparencia y rigor administrativo.
¿Qué dicen las cifras oficiales?
La discusión adquiere mayor relevancia al contrastarla con los informes de los organismos de control y las entidades responsables del seguimiento al Acuerdo.
Contraloría General de la República: su octavo informe de seguimiento reportó una ejecución de $84,65 billones entre 2017 y marzo de 2024, en pesos constantes de 2023. Esa cifra corresponde a todas las fuentes de financiación y utiliza una metodología y un periodo diferentes a los señalados por Morales.
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz: informó que entre 2023 y 2025 las apropiaciones acumuladas del Presupuesto General de la Nación para inversión asociada al Acuerdo alcanzaron $33,1 billones en pesos corrientes.
Departamento Nacional de Planeación: mediante el sistema SIIPO publica los avances, rezagos e indicadores de cumplimiento del Plan Marco de Implementación.
Hay un dato fundamental: los $170 billones mencionados por Morales son una cifra presentada por la funcionaria y no deben confundirse automáticamente con ejecución presupuestal auditada. Las diferencias de periodo, precios y metodología hacen necesario conocer el desglose que sustenta esa afirmación.
La JEP también pone sobre la mesa los derechos de los firmantes
El debate no se limita al dinero. El magistrado Salazar recordó que las dificultades fiscales no pueden convertirse en una justificación para desproteger los derechos fundamentales de los firmantes de paz.
En esa misma discusión, la JEP insistió en que el Gobierno debe garantizar recursos suficientes y mejorar la ejecución de los programas de protección.
La controversia tiene especial importancia porque, según el balance presentado durante la audiencia, persisten graves problemas de seguridad para los excombatientes que dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de 2016.
La pregunta que queda abierta para Colombia es contundente: después de una década y $170 billones anunciados como inversión, ¿cuánto se ha transformado realmente la vida de las comunidades y qué resultados concretos puede mostrar el Estado?