En un fallo definitivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Sergio Andrés Pastor González, alias ‘19’, señalado como uno de los principales articuladores de la autodenominada Primera Línea del Portal Américas durante el estallido social de 2021 en Colombia. Junto a él, otros tres miembros de esa estructura urbana ilegal también deberán purgar la misma pena, tras ser hallados responsables de actos de tortura agravada y concierto para delinquir.
De acuerdo con la decisión, alias ‘19’ deberá cumplir 12 años y 9 meses de prisión, además de pagar una multa equivalente a más de 1.549 salarios mínimos legales vigentes y enfrentar una inhabilidad de 153 meses para ejercer cargos públicos. La condena también cobija a Marcela Ivone Rodríguez Parra, Johann Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, quienes, según la justicia, participaron en hechos violentos que trascendieron el derecho legítimo a la protesta para convertirse en graves violaciones a los derechos humanos.
Hechos probados
La investigación de la Fiscalía demostró que alias ‘19’ y los demás procesados lideraron desde un campamento improvisado en inmediaciones del Portal Américas actos organizados que incluyeron ataques a la Fuerza Pública, bloqueos, retenciones ilegales y torturas. Uno de los casos más graves ocurrió el 4 de junio de 2021, cuando retuvieron a un ciudadano al que acusaron falsamente de ser policía infiltrado: lo golpearon, lo amarraron a un árbol, lo hirieron con armas blancas y lo rociaron con gasolina, amenazándolo con quemarlo vivo para obtener información sobre supuestos operativos policiales.
Los jueces calificaron estas acciones como actos inhumanos y degradantes, impropios de una manifestación social pacífica. Según el expediente, Pastor González utilizó su experiencia como exsargento del Ejército para organizar células de choque con tácticas de tipo militar.
Delincuencia desde la cárcel
A pesar de su captura en julio de 2021, alias ‘19’ continuó dirigiendo focos de violencia desde la cárcel La Picota de Bogotá. De acuerdo con pruebas aportadas al proceso, coordinaba disturbios mediante transmisiones en redes sociales. Uno de los más recordados ocurrió en enero de 2022 en el sector de Molinos, en el sur de la capital.
La Sala Penal desestimó los recursos de apelación presentados por la defensa y negó cualquier beneficio de sustitución de la pena, argumentando que existía suficiente evidencia de la peligrosidad de los condenados y de su capacidad de organización incluso estando privados de la libertad.
Un precedente jurídico
Con esta decisión, la justicia colombiana reitera que la violencia organizada y los actos criminales disfrazados de protesta no serán tolerados. El Tribunal sostuvo que estos hechos desbordaron el marco constitucional de la movilización social, afectando gravemente la seguridad ciudadana y la integridad de civiles y miembros de la Fuerza Pública.
