Dos días después que Invías caducó el contrato del túnel de la Línea por incumplimiento de los encargados del proyecto, la Unión Temporal Segundo Centenario, la Procuraduría General de la Nación puso a consideración de dicho instituto la posibilidad de conceder un plazo mayor al establecido para que el contratista sustente un recurso de apelación.
Teniendo en cuenta la complejidad del debate jurídico y las posibles implicaciones que conlleva la decisión del Invías, el Ministerio Público recomendó, que previo a decidir el recurso interpuesto, se otorguen todas las garantías constitucionales y legales tendientes a evitar la posible vulneración del derecho a la defensa y del contratista.
De igual manera se recomendó al Invías revisar con especial detenimiento, si en el desarrollo del procedimiento sancionatorio, se practicaron o incorporaron, según sea el caso, todas y cada una de las pruebas aportadas o solicitadas por las partes.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación recordó que es parte de su misión “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, respetando el principio de autonomía institucional.
