La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia; secretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada; directora del Departamento Administrativo de Hacienda, Luz Elena Mejía Cardona; director del Departamento Administrativo de Planeación, Carlos Alberto Mendoza Parra y subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Juan Sebastián Londoño Forero, por presuntamente asumir compromisos en exceso de saldo disponible, superando la autorización de vigencias futuras otorgada por el concejo a través del Acuerdo 028 de 2014, en cuantía de $92.110.000.000.
Las presuntas irregularidades se relacionan con la suscripción de dos contratos de obra pública por valor total de $111.262.735.728, dos contratos interadministrativos y un contrato de consultoría que suman $7.202.376.760, con la cual, al parecer, se habría sobrepasado la autorización de vigencias futuras.
Estos contratos debían financiarse con el cobro de la contribución por valorización, pero para el año 2015 aún no había iniciado su implementación y existía incertidumbre sobre el comportamiento del recaudo y por tanto se pusieron en riesgo las finanzas del municipio, teniendo en cuenta que no se tenía certeza del ingreso de los recursos para contratar.
Sin embargo, el decreto señaló que el plazo para concluir el plan podría exceder los cuatro años, desde la fecha de expedición del acto de distribución de los recursos de valorización, con el propósito de suscribir todos los contratos posibles antes de la terminación de su periodo.
Por otra parte, durante el año 2015, vigencia en la cual se contrató la mayoría de las obras, la exalcaldesa redujo ostensiblemente el rubro presupuestal que debía respaldar la contratación, y se impuso a la nueva administración la obligación de culminar las obras sin tener la seguridad del pago de la contribución.
Para el Ministerio Público se habría incumplido el principio de economía como quiera que, al parecer, no se habría procurado una adecuada planeación para hacer más eficiente el manejo de los recursos de crédito y de la contribución por valorización.
Finalmente, se observó que posiblemente el Consejo Municipal de Valorización expidió la resolución de distribución de los recursos de valorización, conocida comúnmente como derrame, en la cual se estableció el cobro de valorización sin el estudio requerido para soportarla.
Dentro de las normas posiblemente vulneradas la Procuraduría citó el artículo 236 del Decreto 1333 de 1986 que establece que “para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites de beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados (…)”.
También habrían podido transgredir el parágrafo del artículo 39 de la Ley 388 de 1997 que indica que “las cargas correspondientes al costo de infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución de valorización (…)”.
Las posibles faltas fueron calificadas en esta etapa procesal como graves y gravísimas a título de culpa gravísima y culpa grave.
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