Según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con la decisión que acaba de tomar el Gobierno de regular los precios de 195 fármacos teniendo en cuenta los valores de referencia de 17 países latinoamericanos y europeos, el sistema de salud colombiano se ahorrará cerca de $400.000 millones anuales.
La medida se tomó con el objetivo de ponerle freno a los precios de los medicamentos, que en los últimos diez años las casas farmacéuticas y las redes comercializadoras manejaron a su antojo aprovechando la falta de control que instauró el anterior Gobierno. Muestra de ello es que de un estudio de 240 medicamentos de alto costo que analizó la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos para entrar a regular, 195 tenían un precio nacional más alto que a nivel internacional.
“Hay que utilizar un lenguaje claro: hubo un abuso sistemático del Estado. Ellos (los laboratorios y agentes de la cadena de comercialización) podían cobrar impunemente lo que quisieran y el Estado pagaba”, dijo el ministro Gaviria, quien ha admitido que fue el mismo Gobierno (entre 2002 y 2009) el que sacó adelante medidas que llevaron a la desregulación de esta industria.
Ante la histórica decisión aparecen las primeras preguntas: ¿Cómo pudo el Estado pasar por encima de los intereses comunes para favorecer el mercado? ¿Quién debe responder por un posible detrimento patrimonial que, multiplicado por los años en que reinó la desregulación del mercado, puede superar los $3,2 billones?
Mientras el ministro Alejandro Gaviria sostuvo que con esta regulación el Gobierno está “corrigiendo errores”, líderes de opinión, como el abogado Héctor Riveros, panelista de Blu Radio, fue uno de los primeros en promover públicamente la instauración de una Acción Popular para exigir que los responsables del desfalco respondan ante la justicia. “Una acción popular es éticamente necesaria, se podría obligar a los laboratorios a devolver dineros y las autoridades tendrían que responder”.
Pero César Rodríguez Garavito, abogado y miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), cree que difícilmente podría lograrse una devolución de dineros por parte de las casas farmacéuticas: “Sus acciones fueron respaldadas por políticas y normas expedidas por el mismo Gobierno, que específicamente durante el ministerio de Diego Palacio liberó los precios y eliminó los controles. Además, las acciones populares han sido muy poco utilizadas en Colombia, no se ha explorado lo suficiente por parte los litigantes y jueces. En EE.UU este recurso ha incentivado investigaciones con fallos y condenas importantes, pero aquí son pocos los antecedentes”.
De lo que sí está convencido Rodríguez Garavito es de que “la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía tienen la obligación de investigar qué fue lo que pasó durante estos años, y determinar las responsabilidades de los funcionarios que desmontaron las políticas que estaban controlando los precios. Además deberán encontrar si eventualmente hubo alguna acción ilegal por parte de una empresa farmacéutica”. Rodríguez aclara que los entes de control podrán abrir investigaciones contra exfuncionarios del Estado que ya no trabajen en el sector público.
Para el abogado, la Fiscalía tendrá que indagar si hubo prevaricato o conductas ilícitas penales en las que algunos actores de farmacéuticas y del Gobierno estén involucrados, como firmas de acuerdos o comisiones.
“No hay que descartar que las farmacéuticas salgan impunes, ellas tendrán pruebas para demostrar que cumplieron las reglas que les impusieron, pero habrá que mirar qué ocurrirá con los funcionarios del ministerio de Salud o la Superintendencia de Industria y Comercio que no hicieron la debida supervisión sobre las empresas. Si este escándalo tiene como resultado la apertura de investigaciones, ya hay una ganancia, porque nadie está respondiendo por detrimento patrimonial”, concluye Rodríguez Garavito.
Por: Elespectador.com
