En un comunicado de la Procuraduría General de la Nación, se dio a conocer en las últimas horas la citación a audiencia a la alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Alzate y dos ex funcionarias más por presuntas irregularidades en un contrato de transporte escolar.
Al parecer las investigadas habrían participado en la etapa precontractual del proceso de Licitación Pública No. 01 de 2016, que dio origen al contrato de prestación de servicios 137 de 2016 celebrado entre la Alcaldía de Calarcá y la empresa Transportes Granada S.C.A., en el cual se habrían presentado sobrecostos.
Según el Ministerio Público, las implicadas habrían podido afectar el patrimonio del municipio, desconociendo con esta posible conducta, los principios de transparencia, y responsabilidad que rigen la contratación pública, contemplados en la Ley 80 de 1993.
Entre las presuntas normas transgredidas se citó el numeral 2º., artículo 5º. de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 que establece que la oferta más favorable es aquella que “teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada (…) contenida en los pliegos de condiciones (…) resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos”.
Las faltas de Trujillo Alzate y Arbeláez Valencia (otra de las implicadas, quien fungió como secretaria de Salud) fueron calificadas en esta etapa procesal como gravísimas cometidas con culpa gravísima, y la de Orozco Poveda (ex secretaria de Asuntos Administrativos y Servicios Sociales) como gravísima a título de dolo.
Para la Procuraduría Provincial de Armenia las funcionarias habrían incumplido el principio de transparencia que les exigía suscribir el contrato con apego a la ética y a la justicia, situación que se desconoce cuándo se pactan servicios con un aparente mayor precio al del mercado.
En el curso de la audiencia que se cumplirá el 4 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana, las implicadas podrán solicitar las pruebas que consideren conducentes y pertinentes para su defensa.
