Promocionan recolección de firmas para respaldar una carta a Juan Manuel Santos, para que modifique los regímenes especiales de contratación
“Se deben cambiar las políticas que concentran la contratación pública”. Así inicia la carta que el movimiento Ingenieros Indignados piensa enviarle al presidente Juan Manuel Santos, en el que le expresarán su malestar frente a algunas modificaciones que se están haciendo a las normas de contratación que, según ellos, los está dejando por fuera del ponqué de la contratación pública a cambio de darle más beneficios a grandes empresas, a los extranjeros y a los bancos.
Para respaldar su comunicación, los profesionales de la construcción adelantan una firmatón, que se realizará en las plazas de Bolívar de las principales ciudades del país, en la que esperan recaudar al menos 1.000 firmas que respalden sus demandas. Y aunque su reclamo podría parecer poco popular, porque ataca las recientes medidas del gobierno Santos para contrarrestar la corrupción que ronda la contratación pública, los ingenieros defienden sus demandas diciendo que el Gobierno sólo aprovechó la crisis de los “carruseles” en el país, para beneficiar y promover la concentración de la contratación en cabeza de unos cuantos.
Para respaldar su denuncia se apoyan en un reciente informe de la Contraloría General, en el que se analizó la contratación 2012-2013, en el que la principal conclusión es que el 42% de la contratación estatal están en manos de 60 personas naturales o jurídicas, entre las que se destacan grandes empresas, sociedades extranjeras y los bancos. Además, se cuestiona el hecho de que solo el 30% de la contratación pública en Colombia se está haciendo por licitación o mecanismos públicos y el resto, por otros procesos que sirven para direccionar los contratos.
Por eso señalan que a pesar de que el otro 58% sería la porción en la que las pequeñas y medianas empresas de ingeniería honestas podrían participar de la contratación pública, ahora tienen otro inconveniente: las nuevas condiciones para licitarles está exigiendo topes altos, con lo que quedan por fuera de concurso. Esto los afecta en la medida que a la hora de un proceso público, al revisar la experiencia, siempre quedan las mismas empresas con los contratos.
Una de las condiciones que más ha generado incomodidad es la que tiene que ver con las nuevas reglas que exigen una mejor capacidad financiera de las empresas de ingeniería y la disposición de reducir la entrega de anticipos para poder adelantar obras. Según los denunciantes, estas condiciones ayudan a que la concentración de la contratación sea mucho mayor.
Lo que motivó a las ingenieros a expresar su inconformidad fue la expedición del nuevo decreto el 1510 del 2013, con el que se asegura que la contratación se va a empezar a manejar con manuales y pliegos únicos. Como este decreto permite que el Gobierno tenga seis meses para presentar dichos pliegos, los Ingenieros Indignados piensan trabajar fuertemente para que se incluyan medidas de protección de la pequeña y mediana ingeniería.
Los extranjeros
Otra de las inconformidades de las empresas de pequeña y mediana ingeniería es que se les están abriendo las puertas a los ingenieros extranjeros, con lo que la competencia es mucho más difícil; como evidencia de esta situación, en la carta los ingenieros destacan el hecho de que “1.600 ingenieros extranjeros han pedido permiso para trabajar en Colombia, desplazando a los Ingenieros Colombianos, no solo a los que contratan con el Estado, sino también a los empleados”.
“En Caldas ya nos pasó. En una licitación de mil millones de pesos para un colegio en La Dorada, ya había extranjeros participando. Y en todo el país los extranjeros se vienen ganando cosas”, agregó Correa. Por eso afirman que lo que se ha presentado como una solución, realmente está generando otro grave problema en el país.
Jesús Alfonso Correa, vocero del movimiento Ingenieros Indignados, explica que el impacto de los cambios que se introdujeron en las leyes de contratación pública y el Estatuto Anticorrupción, se sentirán más en las regiones que a la capital. “En los municipios pequeños, el mayor contratista es el Estado. Si imponen exigencias difíciles de cumplir, pues no se podrá contrata con el Estado y tendrá muy pocas posibilidades de sobrevivir como empresa”.
Frente al tema de los anticipos, Correa agregó: “El problema no es el anticipo, es lo que le toca pagar al ingeniero del anticipo. Una cosa es evitar que se roben los anticipos y otra cosa es quitarle ese derecho a los profesionales de tener una parte de la cofinanciación de las obras que adelanta para el Estado”.
Al final del documento, aclaran que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, no apoya al movimiento de Ingenieros Indignados y que pocas sociedades regionales de ingenieros firmaran la carta al presidente, por eso promueven la firmatón que dió inicio ayer y que culminará el próximo martes. Tienen como meta recoger al menos 1.000 firmas de ingenieros y estudiantes de ingeniería de todo el país. Ya llevan alrededor de 300 firmas en el Eje cafetero y 200 más en el resto del país.
Por: Diana Alejandra Cortés Gaitán
Fuente: El Epectador
