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Opinión: Seguridad alimentaria y desigualdad social

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Sin campo no hay ciudad. Nuestros departamentos enfrentan, en pleno siglo XXI, una serie de problemáticas asociadas al desabastecimiento, los altos precios, la escasa oferta de productos, la desactualización catastral y la carencia de recursos para implementar los Planes Departamentales de Extensión Agrícola. A pesar de que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, es un organismo que presenta una fuerte atomización de competencias, lo que obstaculiza el cumplimiento responsable y eficaz de sus funciones en las regiones.


El nuestro, un país al que el capitalismo ingresó por la vía agraria, no ha logrado ver la enorme cantidad de oportunidades que brinda el campo para el desarrollo de la nación. Quienes habitan las zonas rurales y enfrentan a diario los procesos productivos distan mucho de sentir la presencia del Estado y, en cambio, viven al margen del débil desarrollo económico, social y tecnológico.

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En materia de abastecimiento y seguridad alimentaria, Colombia ocupó la posición 52 entre 113 países evaluados en el Índice Global de Seguridad Alimentaria 2021. Según un informe del DANE de 2021, el 21,9% de los hogares colombianos no tienen acceso a las tres comidas diarias; y el 54,2% de la población vive con algún grado de inseguridad alimentaria.

La crisis se agravó durante la pandemia, los excesivos protocolos de bioseguridad, las restricciones en la movilidad y las cuarentenas prolongadas afectaron los suministros de materias primas con las que a diario se abastecen las tiendas y supermercados (Muñoz, 2021). Según una de las publicaciones en la revista Forbes en 2020, Velasco, Villa y Camacho explican que las cadenas de suministros y sus operaciones logísticas son de las actividades que más se vieron afectadas por las medidas de salud tomadas por los distintos gobiernos en el mundo.

Por otro lado, la desigualdad social y la escasez de oferta en el sector rural obstaculizan el bienestar y la equidad para la población rural. Según el Informe de Rendición de Cuentas de 2021 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la inclusión financiera en el área urbana es igual al 87,2%, superando significativamente la inclusión en el área rural, que es igual al 65,1%, y en áreas rurales dispersas igual al 54,7%.

Por otra parte, el acceso de las mujeres rurales al crédito agropecuario es aún menor, en comparación con el acceso de los hombres. De 445 mil operaciones crediticias, por un valor de $14.775 millones COP en el año 2017, los hombres fueron objeto del 66,2 % de las operaciones y del 25,2 % del valor desembolsado, mientras que el registro para las mujeres fue del 27% de las operaciones y del 6,5% del valor desembolsado. Nuestra modernidad, tan atada al sistema financiero, ha ido dejando en el último lugar de la fila a las mujeres, haciendo de ellas sujetos con menos derechos y más deudas.

En principio, la extensión agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado. Comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, tecnologías, conocimientos y comportamientos que mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como seres humanos integrales (Agencia de Desarrollo Rural, 2022).

Sin embargo, en Colombia la transferencia es limitada, así como la apropiación de conocimientos en cadenas productivas agropecuarias. Las habilidades técnicas de los productores rurales son aún precarias, lo que genera bajas condiciones en la calidad de vida de las personas que viven en zonas rurales.

A su vez, el insuficiente acceso de los productores a la información sobre procesos de apropiación tecnológica, y la reducida orientación, planificación, implementación, seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de extensión agropecuaria se ven reflejados en la baja productividad y competitividad de las cadenas agropecuarias, forestales, pesquera y acuícola (Agencia de Desarrollo Rural, 2022). Esta marginalidad está dada, entre otros factores, por un desconocimiento del territorio y por la falta de reconocimiento de las formas organizativas de la gente del campo, que podrían aprovecharse de manera estratégica para buscar resonancia y mayor distribución social de procesos innovadores.

Sería de gran utilidad para el país llevar a cabo una acción elemental: transferir las competencias del ICA a los departamentos y crear un sistema para la prevención del desabastecimiento. Asimismo, es importante incrementar los créditos agropecuarios con enfoque territorial y de género para invertir en las zonas rurales y reducir las brechas sociales.

El gobierno nacional debe darle impulso a una propuesta asociativa agraria que, de hecho, ya tiene lugar en el documento final del Acuerdo de Paz. El concepto general de Reforma Rural Integral está basado en modelos asociativos y en los estímulos a la economía campesina. A pesar que los gobiernos han dirigido esfuerzos para esta tarea, el fracaso ha sido una constante. La economía asociativa es débil, en pequeña escala, sin continuidad y sin opción de competir.

Hoy, las pequeñas asociaciones no tienen acceso al conocimiento ni a las fuentes de financiación para participar en mercados fuertes y exigentes; los requisitos son excesivos y, además, la baja productividad limita las posibilidades de respaldar los créditos. La dependencia al subsidio y a la asistencia del gobierno de turno no les permite a los campesinos mejorar metas productivas, ni mucho menos una proyección de largo plazo.

Aunque el Estado es el primer llamado a revivir nuestro campo. La empresa privada, como un sector que tiene también responsabilidad social puede contribuir a estimular la constitución de organizaciones productivas agropecuarias. Una opción para abrirle puertas al campo es crear las “Zonas Económicas Rurales Sociales Especiales” mediante capital privado y estímulos y condiciones con los que la empresa privada contribuya a diseñar, articular y potenciar los esfuerzos de las pequeñas economías rurales.

El enfoque debe orientarse a garantizar una producción a escala y competitiva para atender el mercado interno y garantizar el abastecimiento de la nación. En un contexto en el que la seguridad alimentaria está en riesgo, la empresa privada tiene una gran oportunidad para aportarle al país. La condición definitiva debería ser que las empresas comprometidas se establezcan en las zonas rurales de los municipios que se deba impactar con proyectos agroindustriales. De esta manera el hijo del campesino no querría irse a la ciudad en busca de un trabajo poco remunerado para sobrevivir y la cadena productiva permanecería bajo un modelo integral de desarrollo.

Tenemos la tierra, tenemos la gente. ¿Qué nos impide ser una potencia mundial en seguridad alimentaria?

Pablo Jaramillo Arango
Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos

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